La Defensoría del Pueblo enfrenta cuestionamientos tras la contratación irregular de dos funcionarios con nexos políticos con Alianza Para el Progreso.
Un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, contrató de manera irregular a dos funcionarios relacionados con Alianza Para el Progreso (APP). Estas personas son María del Carmen Olórtegui, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales, exjefe de Gabinete.
La Contraloría destacó que las personas contratadas no cumplían con los requisitos necesarios para dichos cargos y que mantenían un vínculo político activo con el APP mientras cumplían con sus funciones.
María del Carmen Olórtegui asumió el cargo de jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad el 18 de noviembre del año pasado. Tres semanas antes, ella manifestó que el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, se presentará para la presidencia en 2026. La CGR informó que Olórtegui no presentó información que valide el cumplimiento de la experiencia específica para el cargo.
En cambio, Juan José Canales obtuvo el cargo de jefe de Gabinete por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el 19 de junio del año pasado. Él compró una vivienda en Jesús María y años más tarde la puso a nombre de Acuña, por eso su vínculo con APP. Asimismo, es miembro de un estudio jurídico junto a Lusi Maldez, secretario general de dicho partido político.
Canales dejó el cargo que tenía en la Defensoría del Pueblo a finales del 28 de febrero, ya que la CGR había observado que él había trabajado como Técnico de Migraciones y en la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, pero no se tenía un documento que detalla las funciones del cargo.
La afiliación al partido Alianza Para el Progreso de María del Carmen Olórtegui comenzó el 4 de julio del 2023 y terminó el 5 de marzo y la de Juan José Canales sigue activa desde el 9 de marzo del 2018.
Estas faltas contravienen a la norma que maneja la Contraloría General de la República, ya que la Directiva N° 002-2019/DP sobre la neutralidad de los servidores públicos que prohíbe la afiliación a partidos políticos para los funcionarios que ocupan cargos de confianza. Ante eso, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez deberá revisar minuciosamente los documentos brindados para dar una respuesta ante esta problemática.
Además, la CGR recomienda que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios comience con las acciones legales penales contra los funcionarios.
