El Congreso aprobó una ley que permite a los policías usar sus armas en crímenes flagrantes. Boluarte respalda la medida, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público ya habían alertado sobre sus riesgos.
Con 81 votos a favor, el Pleno avaló que los efectivos desplieguen sus armas al intervenir en delitos en curso. La decisión final ahora recae en el Gobierno de Dina Boluarte, quien ya ha expresado su respaldo a la medida.
El Congreso de la República aprobó una normativa que autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) a emplear sus armas cuando enfrenten crímenes en flagrancia. La iniciativa, respaldada con 81 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, busca proteger a los agentes y a civiles en situaciones de peligro inminente, permitiendo incluso neutralizar a los agresores si fuera necesario.
Según el dictamen, los uniformados podrán hacer uso de sus armas de fuego cuando su vida o la de terceros esté en riesgo, acción que sería considerada como legítima defensa. La congresista Adriana Tudela (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, defendió la medida argumentando que brinda «estabilidad jurídica» y herramientas legales a los efectivos en contextos de extrema violencia.
Boluarte respalda a la PNP y critica al Ministerio Público
Previamente, la presidenta Dina Boluarte había manifestado su rechazo a que los policías sean procesados judicialmente por usar sus armas en actos de servicio. Durante su transmisión del «cuarto de guerra», la mandataria aseguró que su administración no permitirá que los uniformados sean tratados con «injusticia».
«Mi voz es para exigir que nuestros buenos policías no sean acusados como delincuentes ni encarcelados por cumplir su deber. No toleraremos el maltrato hacia nuestra PNP ni a nuestras Fuerzas Armadas», declaró. Además, anunció que el Ministerio del Interior contará con 200 abogados para defender a los agentes involucrados en estos casos.
Boluarte también arremetió contra el Ministerio Público, acusándolo de no comprender el rol de la policía. «Las autoridades judiciales deben entender que los agentes están entrenados para proteger a la sociedad. Si un policía no dispara ante un delincuente armado, podría ser asesinado», sostuvo.
Rechazo previo del Ministerio Público y el Poder Judicial
En septiembre de 2024, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial habían expresado su desacuerdo con una propuesta similar, entonces en debate en la Comisión de Justicia. Ambas instituciones alertaron sobre los riesgos de afectar el análisis objetivo de los casos penales y advirtieron que la seguridad ciudadana no debe ser un pretexto para eximir responsabilidades en actos violentos.
Mientras el Gobierno se prepara para promulgar la ley, el debate sobre los límites del uso de la fuerza policial sigue abierto, con sectores que temen un aumento de la impunidad y otros que celebran mayores facultades para los agentes del orden.
