El caso por presunta influencia en la adjudicación del Hospital Lorena del Cusco a OAS fue cerrado sin condenas. Críticos señalan irregularidades en la investigación y cuestionan la eficacia del sistema judicial.
El Poder Judicial archivó definitivamente la investigación contra Nadine Heredia, ex primera dama, y otros implicados por el presunto tráfico de influencias a favor de la constructora brasileña OAS en el caso del Hospital Lorena del Cusco. La fiscalía no halló pruebas suficientes, pero el fallo reaviva dudas sobre la transparencia del sistema y los privilegios de figuras políticas.
Un caso sin condenas, pero con sospechas
El juez Leodán Cristóbal Ayala archivó el proceso tras aceptar el pedido de sobreseimiento de la fiscalía, que no logró corroborar los testimonios del colaborador eficaz. Este aseguraba que Heredia habría intermediado para que OAS ganara la licitación a cambio de un 2.5% del monto de la obra (S/214 millones). Sin embargo, ni documentos ni rastros financieros respaldaron la acusación.
El fallo también benefició a los exgobernadores Jorge Acurio y René Concha, así como a los representantes de OAS. La Procuraduría Ad Hoc incluso renunció a la reparación civil, algo que críticos tildan de «conveniente» para los investigados.
¿Doble estándar de la justicia?
El archivo del caso ocurre días antes de que se dicte sentencia contra Heredia y Ollanta Humala por lavado de activos en las campañas del 2006 y 2011. Allí, la Fiscalía pide 26 años para ella y 20 para el expresidente. La coincidencia genera escepticismo: ¿Por qué un caso se cierra por falta de pruebas y otro avanza con testigos cuestionables?
Heredia denunció persecución política y machismo durante su defensa final: «Me convirtieron en el chivo expiatorio de todo. Nunca hubo pruebas, solo relatos armados». Sin embargo, sus críticos recuerdan que varios casos contra ella han terminado en archivos o absoluciones, lo que alimenta la percepción de impunidad para la élite política.
El problema de fondo: Justicia selectiva
El fallo reabre el debate sobre la eficacia del Poder Judicial en casos de corrupción. Mientras investigaciones contra expresidentes y altos funcionarios suelen dilatarse o archivarse, procesos contra ciudadanos comunes avanzan con menos rigor.
El mensaje parece claro: en Perú, la justicia no siempre llega igual para todos. Y mientras Nadine Heredia celebra otro archivo, la ciudadanía sigue esperando respuestas claras sobre los millonarios contratos de OAS y el Hospital Lorena.
La pregunta queda flotando: ¿Falta de pruebas o falta de voluntad para investigar?