El titular del Mininter ha cuestionado el accionar del Ministerio Público y durante las últimas semanas ha iniciado procesos contra sus principales autoridades
La Fiscalía de la Nación intervino la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santivñáñez, en el marco del caso de abuso de autoridad en agravio del Estado. El jefe del Mininter salió a la puerta de su casa para dar detalles sobre cómo se fue realizando la diligencia fiscal y cuáles serían los motivos de la intervención a su casa.
Desde su vivienda en La Molina, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó el accionar de la Fiscalía y aseguró que la investigación en su contra se basa únicamente en declaraciones de testigos protegidos, sin pruebas que respalden sus afirmaciones.
Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”, recalcó sobre uno de los procesos que se realizan en su contra. El funcionario de Dina Boluarte cuestionó que las diligencias en su vivienda hayan sido motivadas por las presuntas declaraciones de dos testigos protegidos, las mismas que calificó como “chismes”.
“La intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna manera, relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad”, expresó luego de indicar que junto a su esposa están apoyando las labores de la Fiscalía. Hasta el momento no se han reportado mayores incidencias durante la diligencia.
Asimismo, negó cualquier relación entre la diligencia y la acusación por presuntas coimas a sus clientes para influir en procesos judiciales. Aseguró que no existe una investigación formal sobre ese tema.
«Por el tema de supuestas coimas no hay ningún caso aperturado. Esa declaración de testigos, presumiblemente protegidos, se ha dado dentro del cuaderno, conforme estoy viendo en la resolución judicial, dentro del cuaderno de abuso de autoridad», enfatizó.
Allanamiento por presunto abuso de autoridad
El ministro precisó que el objetivo de la diligencia era la búsqueda de dispositivos electrónicos que pudieran estar relacionados con el presunto delito de abuso de autoridad.
«La intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación para que puedan, de alguna manera, relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad», señaló.
Asimismo, criticó la ausencia de efectivos policiales durante el procedimiento, pese a que su participación es un requisito en este tipo de operativos. No obstante, aseguró que, en consenso con su esposa, permitieron la continuación de las acciones fiscales.
«Manotazo de ahogado» de la Fiscalía
En otro momento, Santiváñez calificó el allanamiento como un intento desesperado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, asegurando que la medida carece de sustento.
«Yo soy un abogado viejo, 25 años de experiencia, esto en realidad es un manotazo de ahogado y una treta de la fiscal de la Nación, en realidad, para generar una diligencia con un documento con supuestas declaraciones porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo y por eso es que lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad», concluyó.
De este modo, la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento contra la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de una acusación en su contra por el delito de abuso de autoridad.
¿Por qué se investiga a Santiváñez?
El ministro del Interior ha indicado que la presencia de fiscales en su casa corresponde a un caso de abuso de autoridad. La denuncia en contra de Juan José Santiváñez fue promovida por Junior Izquierdo, capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) conocido como ‘Culebra” y que fue amigo cercano del titular del Mininter.
En agosto de 2024, Izquierdo entregó a la Fiscalía audios de conversaciones con Santiváñez, en los cuales el ministro habría mencionado que la presidenta Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como condición para su nombramiento.
Posteriormente, Izquierdo fue reasignado como policía comunitario en Moquegua, lo que su abogado, José Carlos Mejía, consideró una represalia por parte del ministro. Además, Izquierdo denunció incidentes de seguridad, como disparos frente a su domicilio, lo que aumentó las preocupaciones sobre su integridad física.
Juan José Santiváñez acusado de presunta corrupción y sobornos para favorecer a clientes
Una reciente acusación vuelve a colocar en el ojo público al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La investigación recopila el testimonio de testigos protegidos que lo señalan de haber cobrado hasta 60 mil dólares a sus clientes con el propósito de manipular procesos judiciales a su favor.
El informe revela que Santiváñez habría solicitado hasta 60 mil dólares para influir en jueces a cargo de determinados casos, a través de la magistrada Enma Benavides Vargas. Asimismo, se le imputa haber exigido 64 mil soles al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita con el objetivo de evitar sanciones y otras medidas legales en su contra por presuntas compras irregulares durante la pandemia.
Según lo expuesto por el programa dominical Cuarto Poder, estas acusaciones cuentan con audios y mensajes en los que Santiváñez coordina con la «Dra. Enma» para garantizar fallos favorables.
En la misma línea, el reportaje incluye información que revelaría que el hijo de la jueza, José Luján Benavides, trabajó en el estudio de abogados de Santiváñez. Testigos protegidos aseguraron que asistía de lunes a jueves, llegaba tarde y, al consultar sobre su función, se les indicó que su presencia respondía a un «acuerdo» judicial.
Pagos en efectivo y presuntos favores judiciales
De acuerdo con los testimonios, los montos eran entregados en efectivo en el estudio de abogados. En junio de 2020, el general PNP Javier Petit habría abonado 60 mil soles frente a su personal.
Como es de conocimiento público, en abril de 2020 se abrió una investigación preliminar contra este oficial en su calidad de Director de Administración de la PNP. Se le cuestiona la compra de mascarillas y alimentos para la institución a un proveedor sin experiencia en el rubro y sin registro sanitario, con un gasto total que superó los 10 millones de soles.
En otro caso, un familiar del capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, investigado por el caso «Escuadrón de la Muerte», pagó 60 mil dólares con la intención de obtener su libertad. Se acusa al actual titular del Mininter de haber recibido el dinero sin cumplir con lo pactado.
Asimismo, el dominical indica que los protegidos implicaron en los hechos a la administradora del estudio de abogados y presunta pareja extramatrimonial de Santiváñez, Yessenia Stefany de la Cruz Rivas. Según se denuncia, su computadora e iPad fueron ocultados en enero de 2025 para evitar que fueran incautados.
