Luis Ernesto Flores Reategui
-Abogado Constitucionalista.
![](https://diariouno.pe/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-04-09-at-10.08.11-AM-574x1024-1.jpeg)
Perú atraviesa una crisis de inseguridad
sin precedentes. La extorsión, el sicariato y
los robos han paralizado la vida cotidiana
de los ciudadanos. Emprendedores cierran
sus negocios, trabajadores temen salir a las calles
y la confianza en las instituciones se desmorona.
En este escenario, el ministro del Interior, Juan
José Santiváñez, no solo ha fracasado en la lucha
contra la delincuencia, sino que enfrenta graves
acusaciones que comprometen aún más su gestión.
Los audios con el capitán de la Policía Nacio-
nal, Junior Izquierdo, han generado una tormen-
ta política. Se le involucra en presuntos actos de
corrupción y encubrimiento a la presidenta Dina
Boluarte en el caso Cofre. Pese a la magnitud de
estos señalamientos, el Ejecutivo sigue respaldán-
dolo, en un acto que desafía el sentido común y
la voluntad popular.
Las cifras son demoledoras. Según Datum
Internacional, el 87% de los peruanos cree que
Santiváñez debe renunciar o ser removido, mien-
tras que el 74% percibe que la delincuencia ha
aumentado en sus más de ocho meses de ges-
tión. Esta percepción no es infundada: el crimen
organizado ha ganado terreno ante la inacción
del Estado. ¿Cómo se justifica su permanencia?
¿Por qué Boluarte insiste en sostenerlo pese al
rechazo mayoritario?
En cualquier gobierno que aspire a la estabilidad,
un ministro con semejante nivel de desaprobación y
resultados desastrosos ya habría sido reemplazado.
Pero en el Perú, el favor político parece imponerse
sobre la urgencia ciudadana. Mantener a Santi-
váñez en el cargo no solo profundiza la crisis de
seguridad, sino que también desgasta aún más
la ya frágil imagen del Ejecutivo.
El mensaje del pueblo es claro: el ministro debe
irse. Su salida es el primer paso para recuperar la
seguridad ciudadana y devolver al país la espe-
ranza de vivir sin miedo. Si la presidente no toma
esta decisión, será cómplice de su pésima gestión
e incapacidad. ¿O tiene alguna razón para temer
si lo remueve del cargo? La inseguridad no espera
discursos, exige acción inmediata