El desastre ambiental ocurrido el 15 de enero de 2022 frente a las costas peruanas, cuando 12.000 barriles de petróleo fueron derramados al mar, continúa dejando secuelas devastadoras. Según un informe de CooperAcción, realizado con el apoyo de Oxfam, el 60% del crudo no se recuperó y aún permanece en el ecosistema, convirtiéndose en un foco de contaminación persistente. Este dato, basado en los propios informes de rehabilitación presentados por Repsol, revela que solo el 40% ha sido recuperado, mientras el resto se encuentra en zonas calificadas por la empresa como «inaccesibles» o bien disuelto y disperso en el agua y en el fondo marino.
De acuerdo con el informe “¿Repsol limpió el desastre? Situación actual y retos pendientes para la recuperación de la vida marina a tres años del derrame de petróleo”, los planes de rehabilitación presentados por la empresa han sido rechazados en su totalidad por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En total, 18 propuestas han sido desestimadas debido a que contienen información incompleta, insuficiente y, en algunos casos, errónea. Además, el informe señala que los planes carecen de una caracterización adecuada, presentan fallas graves en las estrategias de intervención y omiten riesgos significativos tanto para la salud humana como para los ecosistemas marinos.
El plan de Repsol es no hacer nada
El derrame, considerado el primero en el mundo con crudo tipo Buzios, conocido por su alta toxicidad debido a la presencia de metales pesados como cadmio y plomo, ha generado una crisis ambiental sin precedentes en el país. Según CooperAcción, la estrategia de Repsol para abordar el desastre se basa en esperar que el petróleo restante se depure de manera natural, sin dar evidencia técnica que respalde esta estimación. En contraste, organismos como Serfor y Sernanp estiman que podría tardar entre 5 y 23 años, o incluso más para ciertas especies.
El informe también detalla que los planes de la empresa incluyen, únicamente, cuatro monitoreos en dos años, sin contemplar acciones directas para restaurar los ecosistemas o repoblar las especies. Esta falta de medidas incumple órdenes emitidas por Sernanp para las áreas protegidas impactadas. Ana Leyva, abogada de CooperAcción y una de las autoras del informe, enfatizó la necesidad de completar la limpieza para evitar que el petróleo siga afectando el medio ambiente. “La vida marina ha quedado muy golpeada y va a tener un proceso lento de recuperación si no hay acción humana. Hay muchas formas para ayudar al mar a recuperarse, Repsol lo sabe y debería utilizarlas”, afirmó.
En el mismo sentido, Diana Papoulias, especialista internacional, bióloga marina y toxicóloga que ha realizado un estudio sobre las debilidades de los planes de remediación presentados por Repsol, explicó que a tres años se constata una «reducción de abundancia y diversidad de varias especies en los sitios impactados». Así mismo, planteó que la empresa debiera avanzar hacia una «restauración compensatoria, cuyo objetivo es compensar la pérdida provisional de los recursos dañados mediante actividades de restauración relacionadas a reducir los factores de estrés ambiental adicionales que pueden impedir la recuperación del ecosistema».
Deficiencias técnicas y rechazo de los planes
El Ministerio de Energía y Minas ha señalado múltiples deficiencias en los planes de rehabilitación, como muestreos bióticos y abióticos en una sola temporada, cuando la normativa exige al menos dos. Además, se excluyeron zonas bajo el argumento de que eran inaccesibles, una afirmación refutada por el OEFA, que logró realizar muestreos en esas mismas áreas. Las fallas han sido corroboradas por entidades como el Fondepes, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Sanipes.
Además, Repsol acumula 22 procedimientos administrativos por el derrame y ha sido multada con más de 72 millones de dólares por acciones como ocultar información, actuar negligentemente en la contención y limpieza del derrame, y proporcionar datos falsos. En los días posteriores al desastre, la empresa aseguró inicialmente que solo se habían derramado 0,16 barriles de crudo, afectando un área de 2,5 metros cuadrados, una afirmación que fue desmentida posteriormente.barriles
“A tres años de uno de los mayores desastres ambientales en el Perú, Repsol ha demostrado estar lejos de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, de los que se considera referente. La falta de compromiso real con las comunidades afectadas y la ausencia de un enfoque de reparación integral del daño son alarmantes”, sostuvo Miguel Lévano, Coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam en Perú. “Esto no solo perpetúa el impacto del derrame, sino que también socava la confianza en la capacidad de la empresa para actuar con responsabilidad en el país”.
Impacto en las comunidades Pesquera
El derrame no solo ha afectado al medio ambiente, sino que también ha tenido un impacto devastador en las comunidades pesqueras de la región. Según el estudio “Revelando el daño: valorización económica por la pérdida de bienestar de las familias pescadoras afectadas por el derrame de petróleo de Repsol en la costa de Lima”, elaborado por CooperAcción con el apoyo de Oxfam, cada familia pescadora ha perdido, en promedio, 149.714 soles al año (aproximadamente 40.000 dólares). Miles de pescadores aún no pueden retomar sus actividades sin poner en riesgo su salud debido a la contaminación persistente.
Aunque Repsol asegura haber compensado al 98% de las personas afectadas, la Defensoría del Pueblo ha señalado que muchas de estas negociaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada y bajo condiciones impuestas por la empresa, sin garantizar un trato justo. Mercedes Yovera, vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ancestrales y Tradicionales, exigió que la empresa no solo remedie el daño ambiental, sino que también complete la compensación a las familias afectadas.
En 2023, 19 organizaciones de pescadores lograron iniciar un proceso de negociación con asesores y observadores, mientras que en 2024 más de 34.000 personas presentaron una demanda de indemnización ante un tribunal en los Países Bajos.
