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Línea 2 del Metro: Pataleta de Porky“carece de un sustento veraz”

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LUIS VARGAS VALDIVIA asegura que los mismos funcionarios de la MML, aprobaron plan de desvíos.

El vocero legal de la Línea 2 del Metro de Lima, Luis Vargas Valdivia, consideró que “carece de un sustento veraz”, las acciones legales de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra la concesionaria y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el cierre de vías en la capital.
“No entendemos las razones que pretende sustentar la Municipalidad de Lima respecto a estos temas, porque en sí no solo carecen de sustento veraz, sino que se contradicen con la realidad”, indicó Vargas Valdivia en RPP.
El vocero aclaró que Línea 2 del Metro de Lima decidió aceptar y hacer suyo el plan de desvíos de la MML tras una mesa de diálogo realizada entre diciembre de 2023 y febre- ro de 2024. Sin embargo, señaló que ahora la administración de Rafael López Aliaga ha lanzado observaciones sobre el citado plan.
“La MML señala que no está de acuerdo con el plan de desvíos que presentó Metro de Lima Línea 2 y entrega su propio plan. El MTC, la ATU, entregaron a Metro de Lima Línea 2 el plan de desvío de la Municipalidad y lo que contestó la empresa es: ‘hacemos nuestro el plan’. El plan de la propia Municipalidad y ahora lo que dice es ‘tenemos observaciones a ese plan’.Pero, sí es su plan”, explicó Vargas Valdivia.
VIOLACIÓN DE COMPETENCIAS
En cuanto a una su-puesta violación de competencias de la MML, Vargas Valdivia rechazó estas afirmaciones indicando que la concesionaria aplica la Ley de Endeudamiento que exonera las licencias municipales a determinadas obras de trascendencia nacional, como el Metro de Lima.
“La Municipalidad ha presentado una demanda de inconstitucionalidad que ha sido admitida por el Tribunal Constitucional. Lo importante acá en el punto décimo de la resolución del Tribunal señala claramente que, no obstante, la demanda, la ley sigue vigente”,explicó.
Además, destacó que el TC tiene jurisprudencia que indica que las ordenanzas municipales y de los gobiernos regionales no pueden modificar, dejar sin efecto o derogar las leyes, subrayando la competencia del Gobierno central en la regulación de aspectos de interés nacional.