Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
La reciente aprobación de la ley que permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad por el Congreso de la República representa un alarmante retroceso normativo. Esta controvertida medida, respaldada por 15 votos a favor y 12 en contra, ha generado un rechazo generalizado tanto a nivel nacional como internacional. La votación final, que tuvo lugar el 4 de julio en la Comisión Permanente, siguió a una primera votación el 6 de junio que ya había suscitado la desaprobación del Ministerio Público y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los delitos de lesa humanidad constituyen las violaciones más graves contra los derechos humanos. La imprescriptibilidad de estos crímenes es esencial para asegurar que los perpetradores enfrenten la justicia, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que se cometieron. Sin embargo, la nueva ley establece que ningún hecho anterior al 1 de julio de 2002 puede ser juzgado, procesado o condenado, lo cual contraviene el derecho internacional.
Esta legislación no solo contraviene los principios establecidos por el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, sino que también pone en serio riesgo la integridad del sistema judicial peruano. Al limitar la persecución de estos crímenes a fechas específicas, se facilita la impunidad para numerosas violaciones cometidas antes del año 2002. Las víctimas de tales atrocidades merecen justicia, y este marco legal corre el riesgo de privarlas de tal reparación.
Es imperativo que el Ejecutivo asuma su responsabilidad con firmeza y rechace esta ley de manera contundente. La decisión, tanto clara como urgente, exige no solo una elección entre observarla o promulgarla, sino también una profunda reflexión sobre las repercusiones duraderas que tal acción podría tener en el tejido social y jurídico del país. En tal sentido, es vital proteger los avances contra la impunidad y evitar que nuestra reputación internacional se vea afectada negativamente. Cada acción que tomemos debe reforzar la justicia y nuestro compromiso con los derechos humanos y valores democráticos.
No podemos permitir que la memoria de las víctimas sea desvanecida ni que la integridad de nuestro sistema judicial se vea comprometida por decisiones legislativas que buscan limitar la justicia. Es esencial que el Congreso reevalúe esta medida con la seriedad que merece y priorice de manera inequívoca la lucha contra la impunidad. ¡El momento de actuar es ahora!
