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Corte IDH ordena suspender ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad

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ORGANISMO INTERNACIONAL se reafirma y exige al Perú medidas inmediatas para proteger el acceso a la justicia de las víctimas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha requerido al Estado peruano que suspenda “inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley” que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
Esta resolución, publicada a través de la cuenta oficial de la Corte IDH en X, se enmarca en un proceso de solicitud de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia presentado por los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.La Corte considera que el proyecto de ley podría ser sometido a segunda votación antes de que el tribunal pueda evaluar adecuadamente la solicitud de medidas provisionales y su impacto sobre estos casos.
Ante la gravedad y urgencia de la situación, el tribunal supranacional ha ordenado al Estado peruano suspender el trámite legislativo para evitar un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
NUEVA RESOLUCIÓN
Además, el 1 de julio, la Corte emitió una nueva resolución solicitando al Estado que tome todas las acciones necesarias para que el proyecto de ley no se adopte ni se otorgue vigencia y que, a más tar- dar el 9 de agosto de 2024, emita un informe completo sobre el cumplimiento de lo dispuesto.
La resolución subraya que tanto los representantes de las víctimas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coinciden en que la aprobación de esta ley anularía los procesos en trámite y las condenas ya emitidas, impactando gravemente el acceso a la justicia de las víctimas. La CIDH sostiene que la iniciativa legislativa generaría la prescripción automática de sanciones y prohibiría el procesamiento penal de delitos considerados crímenes de lesa humanidad anteriores al 2002.

LOS DEUDOS argumentan que se estaría hablando de una amnistía, donde se libera a los condenados y suspende los procesos en curso, sin que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean juzgados y sancionados.