Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
El gobierno de Dina Boluarte, claramente identificado con la izquierda y bajo la influencia directa de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, ha establecido un récord negativo de aprobación, alcanzando apenas un escaso 8% de respaldo de la población peruana. Este desalentador desempeño debería suscitar una profunda reflexión y corrección de rumbo. Sin embargo, en lugar de ello, la actual gestión parece empeñada en mantenerse a flote a cualquier costo, apoyándose en la alianza fujicerronista.
En un evidente intento por eludir responsabilidades, tanto Perú Libre como Fuerza Popular buscan distanciarse de las decisiones del Ejecutivo. La reciente declaración del expresidente del Perú y líder histórico de Fuerza Popular, el controvertido Alberto Fujimori, afirmando que el gobierno de Boluarte continuará gracias al acuerdo de su partido, solo pone de manifiesto esta alianza con el Ejecutivo. Por otro lado, Vladimir Cerrón, ha respaldado constantemente el autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Es imperativo recordar que Boluarte ocupó roles significativos dentro de Perú Libre, desde tesorera hasta presidenta, evidenciando su disposición a manipular la situación en su propio beneficio según le convenga.
Ambas agrupaciones parecen centrarse únicamente en obtener beneficios políticos del gobierno. Sin embargo, cuando se trata de asumir responsabilidades ante el evidente fracaso en los ámbitos económico, social y de seguridad, muestran una clara preferencia por desvincularse de cualquier relación con él. Pareciera que el único anhelo de Boluarte es aferrarse desesperadamente a cualquier alianza con el fin de mantenerse en el poder hasta el 2026, resaltando su cogobierno con César Acuña de Alianza para el Progreso.
A esto se añade la total subordinación del Ejecutivo al Poder Legislativo, una conducta que se alinea con la necesidad de supervivencia del gobierno de Boluarte bajo la protección del Congreso.
Históricamente, el Ejecutivo debatía públicamente las propuestas legislativas que impactaban en el gasto o recaudación. Sin embargo, en la actualidad, no solo se observa la falta de cumplimiento de leyes, como ocurrió con la Ley 31969, sino que también, cuando se observan tales, se lleva a cabo de manera reservada, con el objetivo de evitar conflictos con el Legislativo. Además, se recurre con menos frecuencia y de forma igualmente discreta al Tribunal Constitucional para tratar normativas con iniciativa de gasto provenientes del Congreso.
En medio de esta crisis de gobernabilidad, es necesario que los peruanos exijamos transparencia, rendición de cuentas y una verdadera búsqueda soluciones a los problemas que afectan al país. El juego político de intereses particulares no puede prevalecer sobre el bienestar nacional. Ha llegado el momento de demandar un cambio genuino y un gobierno comprometido verdaderamente con el pueblo peruano, evitando la instrumentalización de las agrupaciones políticas.
