Un juez dirimente accedió al pedido de María Benito de rechazar el ventilador artificial que la mantiene con vida.
El Poder Judicial falló a favor de María Benito Orihuela (67), quien sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en etapa avanzada, y le reconoció el derecho a no recibir el tratamiento médico que le prolonga la vida de forma artificial.
Desde abril de 2023, María Benito pedía ser desconectada del ventilador que la mantenía artificialmente con vida.
“Es un fallo muy importante, histórico no solo favorable para María, sino para todos los pacientes del Perú porque se reconoce el derecho que tiene toda persona decidir si continúa o no con un tratamiento médico. En el caso de María, ella buscaba que se reconozca su derecho a decidir su derecho a no seguir conectada a un respirador artificial, ni a recibir cualquier otro tipo de tratamiento. Es su voluntad, es una decisión libre y así lo ha reconocido la justicia”, señaló Percy Castillo, abogado de Benito Orihuela.
El representante legal también hizo una diferencias entre la eutanasia y ser desconectada
“En la eutanasia siempre se administra una droga o se sigue un procedimiento para provocar el deceso. En este caso, no. Aquí, simplemente, el paciente decide no continuar con un tratamiento y aceptando las consecuencias que esto conlleva, que es la pérdida de la vida”, subrayó.
Percy Castillo aseguró que la desconexión del respirador artificial no acarrea una responsabilidad al médico que lo haga. “La sentencia establece que no se necesita ningún protocolo, ni ningún ámbito legal nuevo porque ya existe la regulación. La ley general de salud es muy clara al señalar que todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento. Así como hay derecho para admitir un tratamiento, también hay derecho para rechazarlo. Entonces, la sentencia hace hincapié en ello. Entonces no hay ninguna responsabilidad que pudiera derivar después”, explicó.
¿Qué pasó con Ana Estrada?
En el caso de Ana Estrada, EsSalud resolvió las observaciones planteadas al protocolo de eutanasia de Ana Estrada, de 45 años, quien padece de polimiositis, una enfermedad que también es incurable y degenerativa.
Esta decisión fue comunicada mediante un memorando de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica del Hospital Rebagliati, detallando que las sugerencias hechas anteriormente por el Séptimo Juzgado Constitucional habían sido incorporadas.
Entre los ajustes que se establecieron destacan dos observaciones: la posibilidad de que Estrada designe a alguien de su confianza para firmar el consentimiento informado de la eutanasia en caso de que ella no pudiera hacerlo y también se le permite escoger un médico de su confianza para llevar a cabo el procedimiento, emulando prácticas de países como Países Bajos o España.
La defensa legal de Ana, liderada por Miró Quesada y Percy Castillo, enfatizó que esta decisión no solo representa un triunfo personal para ella, sino también para todas aquellas personas en situaciones similares que buscan morir sin sufrimiento y en paz.
