Que un recluso de alta peligrosidad tenga acceso a un celular dentro de una cárcel para seguir delinquiendo sería algo impensable en muchos países del mundo. Pero en el Perú esto va en incremento. Según las últimas denuncias, miles de personas inocentes vienen siendo víctimas de extorsiones cometidas desde los penales.
Por eso, más de 60 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y 46 fiscales incursionaron ayer en el pabellón de máxima seguridad del penal Sarita Colonia del Callao y hallaron agendas con nombres, números telefónicos y cuentas bancarias en las que eran depositadas remesas de dinero obtenidas por las extorsiones.
“Nos ha llamado la atención la cantidad de números telefónicos que tenían apuntados en sus agendas estos presos”, contó un vocero de la Fiscalía.
La policía no descarta que muchas de esas llamadas y mensajes extorsivos hayan terminado en robos y estafas; así como en violentos secuestros e incluso homicidios.
Durante la requisa también se incautaron celulares, audífonos, memorias USB, 20 monitores, 22 televisores, droga, cigarrillos y chicha canera.
Muchos de estos objetos estaban ocultos detrás de las paredes, enterrados en el suelo y camuflados en colchones.
“Hemos encontrado teléfonos desde los que se podían originar miles de llamadas al día, mensajes de texto con links para clonar datos y redes sociales”, dijo un agente penitenciario.
Hasta el 15 de noviembre, la PNP había registrado 19.000 denuncias por casos de extorsión. De esta cifra, el 60% son llamadas y mensajes extorsivos.
Así, las extorsiones desde las cárceles, vía llamadas telefónicas, se han convertido en una de las prácticas delictivas más comunes. Los delincuentes tienen historias elaboradas. Actúan desde los penales de Lima, Trujillo y Piura, pese a que estos cuentan con bloqueadores de celulares.
Claves
Disposición. El Gobierno de Dina Boluarte aprobó un decreto para dar de baja a los celulares que hayan sido utilizados para extorsionar.
Implementación. Las empresas operadoras, ya sea de oficio o por solicitud del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el INPE, el Poder Judicial o el Ministerio Público, deberán dar de baja a las líneas cuando sean detectadas que son usadas para extorsiones.
