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Dina Boluarte rechaza informe de la ONU y niega uso innecesario de la fuerza contra manifestantes

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Boluarte pide declarar virtualmente a la Fiscalía por caso de muertes en manifestaciones: teme a la agitación social

El informe de la ONU revela que el Gobierno de Dina Boluarte aplicó la “fuerza letal” durante las protestas sociales
La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseveró que su gestión ha tomado las recomendaciones del informe. Sin embargo, mostró su postura en contra en tres casos de la investigación.

“Las protestas de diciembre a febrero que ocurrieron, quienes la han provocado y promovido han sido aquellas personas, gracias a Dios en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz. […] Hemos atendido sus recomendaciones, pero sí discrepamos en tres puntos”, expresó la mandataria desde Lambayeque.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) informó que durante las protestas sociales en el Perú que dejó cerca de 50 fallecidos. En el contenido del documento se confirma que sí se aplicó la “fuerza letal” en contra de los manifestantes en diversas regiones.

A través de un extenso informe la ONU señala que el Gobierno de Dina Boluarte “restringió indebidamente los derechos humanos” durante las protestas registradas a finales del 2022 e inicios de este año.

El documento fue difundido este jueves 19 de junio y brinda un análisis de las acciones empleadas por las fuerzas del orden, así como una serie de recomendaciones a tener en cuenta por parte del Poder Ejecutivo.

El informe subraya que en las protestas, tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, hubo uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza.
Las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas a escala nacional celebradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, concluye un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ante esta conclusión, la oficina que dirige al alto comisionado Volker Türk exhortó a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.

El informe subraya que en las protestas, iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza, incluida la fuerza letal.

Según la oficina de Naciones Unidas, durante las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 murieron al menos 50 personas y 821 resultaron heridas presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, documentándose también que 208 miembros de esas fuerzas sufrieron heridas.

“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, declaró Türk al conocerse el informe.

La oficina que dirige recordó que el Gobierno peruano ha proporcionado apoyo económico a las víctimas y a sus familias -unas 266 personas hasta la fecha- identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La institución recordó que una nueva ola de protestas se produjo en el país suramericano entre el 19 y el 31 de julio, y en ella resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de policía.

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