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Gobierno Regional de Arequipa acabará Majes-Siguas II sin la empresa española Cobra

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COINCIDIENDO CON EL inicio de la feria minera Perumin en la ciudad blanca, el gobernador Rohel Sánchez hizo histórico anuncio que es apoyado por las organizaciones sociales más representativas de la región

Al final se acabó la paciencia de los arequipeños que han venido padeciendo un retraso de cinco años de reinicio de obras del estratégico proyecto Majes-Siguas, por parte de la empresa española Cobra. En estricto cumplimiento de los términos del contrato, con fecha 22 de setiembre el Gobierno Regional de Arequipa ha declarado la caducidad del contrato de concesión por el reiterado incumplimiento del concesionario. Decisión que ha comunicado al ministerio de Economía y Finanzas, para que los españoles dejen de seguir cobrando sin hacer las obras a las que se comprometieron.
POR LA BOCA MUERE…
Como puede entender hasta un escolar, la relación entre el concedente y el concesionario se rige estrictamente por el contrato suscrito. Y en ese documento se lee claramente en la cláusula 5.2 que el inicio de las obras nuevas de la segunda fase se encuentra supeditado a que esté concluido y aprobado el Expediente Técnico N° 2, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, la propia Cobra, en su desmedida ambición de gastar el generoso cofinanciamiento del Estado, en su carta MS2- CAS-MEF-CAR-010 del 20 de setiembre de 2023, informa al Gobierno Regional que ha ejecutado obras (la Planta de Dovelas) que corresponden a ese expediente. Es decir, inició una obra que no estaba autorizada a ejecutar y que, desafiando las normas de ingeniería, inició sin que el expediente estuviese aprobado.
De acuerdo a la legislación peruana, el gobierno regional ha cumplido en comunicar su decisión ente el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicresi).
Ahora, por ser las controversias de estricto contenido jurídico, corresponde que sean resueltas en sede nacional, es decir ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, con lo cual se cae otra pretensión de la concesionaria hispana que querí forzar un arbitraje internacional.
Una de las razones que más irritó a las organizaciones sociales mistianas fue la insólita pretensión de Cobra de reclamar 421 millones de dólares, sin haber puesto un solo dólar en la ejecución del proyecto y sin haber avanzado aunque sea un 30% de la obras. Por ello, en el anuncio participaron sus representantes al lado del gobierno regional, para significar el apoyo de la región a la salida de Cobra del proyecto Majes-Siguas.
COBRA QUERÍA COBRAR
Aunque parezca de Ripley, en sus comunicaciones al Gobierno Regional, la concesionaria hispana ha solicitado el pago de un total de 421 millones de dólares. Así, han pedido 183 millones por “lucro cesante”, concepto injustificado porque los que han perdido han sido
los agricultores arequipeños, a lo que quieren sumar 113.9 millones por trabajos ejecutados y no valorizados y por “diferencia del cofinanciamiento compensatorio”, concepto que no se encuentra en el contrato. Si se suma esta pretensión a los 162.8
millones que ya le ha pagado el Estado, se superaría el presupuesto de 282.2 millones de dólares aprobado por el Estado. Es decir, no quedarían saldo para construir la presa de Angostura, el túnel trasandino y túnel Pucara (18 km) y el aliviadero de Condoroma. Lo preocupante es que todas esas obras solo registran un avance físico de 11.2%, y aquí surge la pregunta clave ¿dónde esta el
dinero que ya se le ha dado?
Con este criterio, respecto al reclamo de US$ 421 millones, el Gobierno Regional de Arequipa ha dejado sentado formalmente que el concesionario no ha acreditado que haya invertido un solo dólar en la obra, y que hasta ahora ha evitado cumplir con su obligación de realizar el cierre financiero, que sería el motivo real de Cobra para trabar la ejecución de Majes-Siguas II. Por lo cual, más allá de los términos contractuales podría haberse configurado un delito penal de estafa, que varios juristas arequipeños se encuentran estudiando. “No nos oponemos a la inversión ni a las iniciativas privadas” dijo el gobernador Rohel Sánchez, añadiendo “siempre y cuando respeten la ley y cumplan lealmente los contratos”.

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