El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, consideró que hay un sector político con representación en el Congreso que “está atacando a la institucionalidad democrática”, porque quieren someter a los jueces electorales” a través de proyectos de ley y demandas validadas por el Tribunal Constitucional (TC).
“Un sector del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática, porque quieren someter a los jueces electorales al juzgamiento de los políticos (…) y los políticos lo que necesitan para tomar sus decisiones son votos”, sostuvo Salas Arenas en una entrevista con EFE.
Para Salas Arenas se ha iniciado una nueva ola de ataques contra los órganos electorales, luego de las hostilidades iniciadas en contra del JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2021 desde grupos políticos descontentos con los resultados de las elecciones presidenciales en las que Pedro Castillo ganó en segunda vuelta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.
“Ahora hay cinco proyectos que apuntan a extender el juicio político a los jueces electorales y algunos de ellos a los miembros del sistema electoral”, afirmó el titular del JNE.
Con esto se pondría “a los jueces electorales en manos de los vaivenes de la política y, allí la democracia se resiente. (En este momento) hay dos acusaciones constitucionales para iniciar el juicio político en mi contra”, agregó.
Una de esas acusaciones ha sido presentada por la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) por los presuntos delitos de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo y colusión simple y agravada.
La segunda todavía no se ha hecho pública, pero fuentes del JNE confirmaron a la agencia EFE que ya ha sido presentada.
Medida cautelar
Asimismo, pidió que la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2021 respecto a su persona y a su gestión al frente de la institución a su cargo, adquiera rango de medida provisional a través de la Corte Interamericana (Corte IDH).
A pedido suyo, la CIDH emitió en julio de 2021 medidas cautelares de protección a favor suyo y de su familia. Se argumentó que Salas enfrentaba “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El magistrado afirmó que amenazas de esa índole adquirieron un nuevo impulso cuando el Tribunal Constitucional, mediante una resolución, consideró viable el Congreso inicie investigaciones a los miembros del JNE.
“Ahora hay cinco proyectos que apuntan a extender el juicio político a los jueces electorales y algunos de ellos a los miembros del sistema electoral”, dijo Salas. Ello “sería poner a los jueces electorales en manos de los vaivenes de la política y, allí la democracia se resiente”.
En lo que respecta a su persona, refirió que actualmente hay una denuncia en su contra, proveniente de la bancada de Avanza País. En ella se le imputan los delitos de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo y colusión simple y agravada.
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