Escándalo. Por orden de la Fiscalía Superior Penal Tributaria, el Fiscal Penal Eloy Vizcarra denunció penalmente a 5 funcionarios de SUNAT imputándoles omisión de funciones en conexión con Defraudación Tributaria, en agravio del Estado.
Los funcionarios denunciados conformaron una mafia que se benefició de un contribuyente que declaró “gastos” usando facturas falsificadas. Ellos son: María del Pilar Solorzano Sucaraya, entonces jefa de Acciones Inductivas Presenciales (Intendencia de Lima), Jonatan José Peña Chávez, Katerine Francesca Casanova Martínez, José Manuel Martínez Vargas y Ernesto Luis Camilo Burmester Cortijo.
facturas falsificadas
Dichos servidores del Estado detectaron la declaración de facturas falsificadas presentadas por el representante de Inversiones SOMIL SAC, Ernesto Olivares Larrea, por cuanto ya fueron declaradas por otros contribuyentes en el ejercicio 2014 y así lo notificaron en la Esquela de Requerimiento No. 216022024572, el 25 de julio de 2016; y no prosiguieron las acciones por la práctica defraudatoria de impuestos.
En el ejercicio 2015, el declarante dedujo millonarios “gastos” del impuesto a la renta y dedujo hasta “compras reparadas” por más de un millón de soles que fue detectado por los peritos de DIRINCRI con el análisis comparativo de las cuentas del PDT-IR -2015.
Eso no detuvo la declaración millonaria de “gastos administrativos” en proporciones no vistas en empresas constructoras. Es así que en un ejercicio esos “gastos administrativos” bordeó el 40% de las ventas del año.
En la Fiscalia
La llamada “noticia criminal” llegó a la Fiscalía a fines de diciembre de 2021, y cuando la Fiscalía solicitó el respectivo informe a SUNAT, respondieron que no habían programado ninguna fiscalización hasta el 2022 y estancaron las diligencias preliminares, hasta que la Fiscal Superior, resultó proseguir con la investigación porque así lo manda el artículo 159 de la Constitución.
Los funcionarios de SUNAT usaron el argumento de la programación indeterminada de las fiscalizaciones para congelar indefinidamente las investigaciones del Ministerio Público, propiciando el ocultamiento de pruebas.
La omisión de la principal función de los funcionarios denunciados es sintomática de la presunta comisión de otros delitos como: corrupción de funcionarios, cohecho. Al cierre de la edición no se conocía de la intervención de la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios. Será clave para resolver los entretelones de la actuación omisiva de los denunciados, detectar a todas las empresas beneficiadas.
