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Congreso los salva: declaran improcedentes denuncias contra expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedentes tres denuncias constitucionales contra el contralor Nelson Shack y los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

Este grupo aprobó por mayoría el Informe de Calificación que proponía declarar improcedente la Denuncia Constitucional 081, formulada por el ciudadano Marco Falconí Picardo, contra los expresidentes de la República, Martin Alberto Vizcarra Cornejo y Francisco Rafael Sagasti. En este caso, a los exmandatarios se les atribuía una presunta infracción constitucional y la supuesta comisión de abuso de autoridad, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En esta denuncia, formulada por el ciudadano Marco Falconí Picardo, también estaban incluidas exfuncionarias de la gestión de Sagasti Hochhausler. La extitular del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez; la exministra de Salud, Pilar Mazzetti; y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, también son sindicadas como presuntas autoras de delitos.

Esto, por la decisión de adquirir pruebas rápidas de Covid-19, que no debieron ser usadas debido a la alta ocurrencia de falsos negativos. También de, supuestamente, haber ocultado el número real de fallecidos y los recursos disponibles.

Otra denuncia constitucional, interpuesta por el ciudadano José Meza Arévalo, también fue discutida en la SAC. En este caso, tanto Sagasti como Vizcarra fueron denunciados por una presunta infracción constitucional y la supuesta comisión de conspiración para una rebelión, sedición o motín, organización criminal y homicidio.

Sin embargo, también lograron la improcedencia. Fue aprobada en forma unánime, es decir, 16 votos a favor.La denuncia constitucional nro. 252 fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, contra el contralor general de la República, Nelson Shack. El informe recomienda su improcedencia porque los delitos que se le imputan habrían prescrito, y no existe prueba de que se haya beneficiado con la contratación de dos funcionarios en la Contraloría.