Mediante Decreto Supremo N° 028-2023-PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en 44 distritos de 11 provincias de la región Ayacucho debido a los graves daños causados por las lluvias intensas en la zona. Esta disposición precisa que la medida estará vigente por 60 días calendario. Los distritos declarados en emergencia incluyen Acocro, Acos Vinchos, Quinua, San José de Ticllas, San Juan Bautista y Socos, entre otros.
El estado de emergencia permitirá la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. La coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), junto con la participación de varios ministerios y otras instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.
Estas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas según las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución.
El financiamiento de las acciones previstas en el decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
En los considerandos del decreto supremo se indica que la medida se dispuso a solicitud del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y a los informes elaborados por el Indeci, que precisa que las intensas precipitaciones pluviales han causado huaicos, desborde de río, activación de quebradas y derrumbes, que han causado daños a la salud de las personas, a las viviendas, a las instituciones educativas, a las vías de comunicación, a la infraestructura de riego, a las áreas de cultivos, entre otros, afectando las condiciones de vida en varios distritos de las provincias de Ayacucho.
El decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte; y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
