Gobierno propone al Congreso endurecer penas por delitos en manifestaciones

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    Gobierno propone al Congreso endurecer penas por delitos en manifestaciones

    La iniciativa del Ejecutivo buscaría amedrentar a los manifestantes, elevando las sanciones a delitos que ya son castigados, y en un contexto de evidente persecución política.

    En un nuevo paso en su cruzada de criminalización de las protestas sociales y amedrentamiento a los manifestantes, el Gobierno de Dina Boluarte presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, con el fin de “reforzar la respuesta del Estado” ante diversos delitos que podrían cometerse en el marco de las manifestaciones.

    En una carta dirigida al presidente del Congreso, José Williams, y  firmada por la jefa de Estado y por el primer ministro Alberto Otárola, se solicita considerar la aprobación de esta medida con carácter de “urgencia”.

    “La presente ley tiene por objeto (…) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se indica en la propuesta.

    De ser aprobada esta iniciativa por el Congreso, se incrementarían las penas por diversos delitos. Por el delito de lesiones leves, que actualmente tiene una pena de 2 a 5 años de cárcel, pasaría a sancionarse con penas de 8 a 14 años; formas agravadas de daño de bienes, con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años. Atentar contra medios de transporte, que hoy se sanciona con una pena de 3 a 6 años, pasarían a sancionarse con penas de 8 a 20 años.

    Asimismo, el entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos pasaría de una pena de entre 6 a 8 años, a una sanción de entre 8 y 10 años. Y el delito de disturbios, que tiene una pena de 6 a 8 años, quedaría sancionado con penas no menores de 15 años.

    Al respecto, el abogado constitucionalista Pedro Grandez manifestó que “claramente, la presidenta no ha comprendido en absoluto la precariedad de su presencia en el poder”. 

    “Usar la fuerza y el Derecho Penal frente a quienes la cuestionan contribuye a acumular  elementos de prueba para juzgarla cuando llegue el momento. De eso hay que estar seguros”, señaló.

    Por su parte, el exministro de Cultura, Alejandro Salas, advirtió que “en democracia se dialoga, en dictadura se criminaliza”. “Ni capacidad de diálogo, ni propósito de enmienda, este gobierno sigue optando por la fuerza y la represión”, expresó.