Tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte, los representantes del partido de ultraderecha anunciaron su propuesta de amnistía a policías y militares comprometidos en los asesinatos a manifestantes.
¿Amnistía o encubrimiento? Mientras el Perú sufre la muerte de 60 fallecidos en el marco de las protestas sociales, 48 de ellos a manos de la represión, los representantes de Avanza País, el congresista Alejandro Cavero y el dirigente Aldo Borrero, propusieron a la presidenta Dina Boluarte que se otorgue una amnistía a favor de los efectivos policiales y militares comprometidos en los asesinatos a manifestantes en diversas regiones del país.
Tras el encuentro con la mandataria, Borrero manifestó que “una de nuestras grandes preocupaciones para nosotros es la Policía Nacional del Perú y nuestros militares, y, sobre todo, los hechos y actos que han sucedido. Nosotros creemos que debemos tener mecanismos de defensa para todos ellos. Inclusive, hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares en este rango de tiempo que ha habido manifestaciones”.
Desconociendo por completo que un legítimo mecanismo de defensa es que los involucrados tengan acceso a abogados defensores, Borrero agregó que “nosotros no podemos abandonarlos, teniendo en cuenta que, cuando el Perú más lo necesitó, ellos salieron al frente y defendieron nuestra democracia”.
“Independientemente de que la señora Keiko Fujimori o el señor César Acuña no lo hayan tomado en cuenta, nosotros creemos que es momento que nosotros debamos responder este tema. Creemos que es el momento de defender a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, añadió.
Consultado por el informe de Amnistía Internacional, el legislador Alejandro Cavero manifestó que “estas ONG financiadas desde el extranjero, tienen una consigna política ideológica muy clara; ellos hacen los estudios de forma aleatoria, investigan en unos cuantos lugares y coincidentemente tienen los resultados que tienen”. “Yo esperaré los resultados del Ministerio Público, lo que digan estas ONG me tiene sin cuidado”, dijo.
AMNISTÍA ES INADMISIBLE
Frente a estos disparates, es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas sentencias que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Por otro lado, al comentar las pretensiones de Avanza País, la abogada Grace Baquerizo advirtió que de aprobar los congresistas una amnistía para policías y militares involucrados en las matanzas de manifestantes, podrían ser investigados por complicidad en las violaciones de derechos humanos.
RACISMO Y MUERTE
De otro lado, al presentar los hallazgos iniciales de sus investigaciones en el Perú, Amnistía Internacional advirtió que tanto el Ejército como la PNP han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas.
“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,” manifestó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Guevara agregó que “no es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos”. “El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”, indicó.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, manifestó que “cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde”. “Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido”, dijo.
