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Política

Tribunal Constitucional

Muerte de neonatos en hospitales públicos, homicidios perpetrados con saña inaudita e intentos de desalojo en terrenos invadidos que produjeron gran violencia, fueron hechos resaltantes en los últimos días, sin que haya merecido mayor interés de los que dirigen el país.

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Detienen invasores de terrenos traficantes detenidos capturados por la policía

En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.

Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano.

Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.

Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales.

Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.

Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.

HOMICIDIOS

Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.

No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.

Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

TRÁFICO DE TERRENOS

En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.

Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato.

Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, exviceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.

Si bien desde el 2016, la Policía y la Fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.

Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría –y seguirá discurriendo– por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

 

MADRES ADOLESCENTES
DESCO OPINA

Política

Organizaciones indígenas de Loreto dan ultimátum al Gobierno

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Organizaciones indígenas de Loreto dan ultimátum al Gobierno

Esta acción que consiste en tomar control absoluto de los lotes petroleros de Loreto, es parte de una medida de lucha tras 100 días de espera sin resultados concretos en la atención a la población indígena en la región.

“En los centros de salud dónde se encuentras las comu­nidades indígenas ni siquiera hay medicamentos y no cuen­tan con infraestructura bási­ca para ser atendidos” dice el comunicado oficial de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

A los problemas de logís­tica antes mencionados, se suman la falta de oxígeno, lo­gística fluvial y terrestre para que la atención sea inmediata y efectiva, del mismo modo, una preocupación colectiva es que las atenciones de los PIAS no se han programado acorde a la realidad de del problema.

Trascendió que la or­ganización indígena regional demandó que hay un intento de “invisibilizar magnitud del impacto del Covid-19 en las co­munidades de muestra región, es decir, nuestros cálculos so­brepasan los 10 mil contagiados al interior de las comunidades, mientras que los números de DIRESA y MINSA informan que son sólo 3 mil. NO es así” de­nunció el presidente de ORPIO, Jorge Pérez Rubio.

Finalmente, a raíz de toda esta situación y como una acción desesperada tras las continuas muertes de pobladores indíge­nas, las comunidades han decido dar un ultimátum al gobierno de 72 horas para dar respuesta a la atención de la emergencia indígena, de lo contrario, estarán efectuando el control territorial absoluto en los lotes 95, Estación 5, Lote 192, Lote 8, así como im­pedir cualquier tipo de activi­dad petrolera en la Amazonía de nuestra región.

Es injusto e inhumano vivir en las peores condiciones, a pesar de haber dado tanta riqueza a las arcas del Estado.

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Política

Zeballos reconoce esfuerzo de docentes durante pandemia

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Zeballos reconoce esfuerzo de docentes durante pandemia

El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos Salinas, reconoció el “denodado esfuerzo” que realizan los maestros para fortalecer el sistema educativo nacional que nos permita contar con un país mejor de cara al bicentenario de la independencia.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el responsable del sector Educación, Martín Benavides, visitaron la I.E. Santa Cruz en Tambopata, Madre de Dios, para conocer la estrate gia televisiva regional ‘Mi casa, mi escuela’.

Los funcionarios conversaron con los docentes que forman parte de la producción de esta iniciativa departamental, que complementa a la estrategia nacional Aprendo en Casa.
Los profesores efectuaron, además, una demostración de las clases virtuales que se imparten a miles de estudiantes de la región Madre de Dios.

“Desde el Gobierno, les hacemos llegar nuestro reconocimiento por su denodado esfuerzo por fortalecer nuestro sistema educativo, permitiéndonos contar con mejores niños y jóvenes, que nos garantiza un país diferente y mejor de cara al Bicentenario”, sostuvo Zeballos.

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Política

Chancay: denuncian presiones para aprobar el megapuerto

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Chancay: denuncian presiones para aprobar el megapuerto

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) convocó para el pasado 27 y 28 de junio, en plena emergencia nacional, a una Audiencia Pública No Presencial para la aprobación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”.

Frente a ello, las organizaciones locales agrupadas en la Coordinadora en defensa de los Intereses de Chancay expresaron su rechazo a esta audiencia virtual, señalando que con ello el SENACE “reduce los mecanismos de participación (talleres informativos), acelera el “proceso participativo” de la Audiencia Pública (recortando plazos) y restringe la participación de la ciudadanía”.

“La empresa y las autoridades nacionales, regionales y locales, bajo el pretexto de promover la reactivación económica, tratan de imponer por todos los medios la construcción del Megapuerto en nuestro distrito, recurriendo al atropello y prepotencia, como sucedió en la Audiencia Pública del año 2013 para aprobar el primer Estudio de Impacto Ambiental de TPCH, evento donde no permitieron ingresar a los pobladores directamente afectados por el proyecto. Ahora la Audiencia Pública será sin la presencia de la población afectada”, señala la Coordinadora en un comunicado.

El megaproyecto portuario está a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports.

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