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Editorial

Medidas drásticas

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El Congreso de la República sufre un creciente proceso de desprestigio que está llegando a extremos que requieren prontas, eficientes y drásticas medidas para que este poder del Estado recupere la prestancia y la respetabilidad que corresponde a las altas responsabilidades que la Constitución le confiere, de legislación fiscalización y debate y reflexión política, lo que la hace una institución fundamental para la democracia.

Ese desprestigio se debe a diversos factores, que van desde el limitado nivel y la conducta errática y hasta escandalosa de muchos de sus integrantes, la escasa calidad de sus debates que muchas veces descienden al nivel de algarada callejera por la actitud de algunos legisladores que, bajo el principio de que todo vale en la lucha política, asumen comportamientos lumpenescos e inadecuados.

Han contribuido además al deterioro de la imagen del Poder Legislativo las intrigas por ambiciones de poder, las jugadas sucias contra el adversario y hasta con el propio compañero de bancada, lanzándose unos a otros veladas acusaciones, ciertas o no, para sacarlo del camino a él o perjudicar a la tienda política o corriente que representa.

También el descaro con el que se han comportado algunos legisladores que llegaron con ánimo de saqueo del erario a sacarle lo más posible al cargo, con métodos delincuenciales como el de quedarse entre bambalinas con parte del sueldo de asesores y empleados.

En fin, la lista es larga y los ejemplos son interminables, pero sin duda el peor factor que ha devaluado la imagen del Poder Legislativo es la percepción ciudadana, justificada, de que en el Parlamento reina la impunidad y solo hay en casi todos los casos sanciones leves y temporales, que es cierto aquello de que “otorongo no come otorongo”, que se protegen unos a otros. Y la situación del Parlamento solo mejorará si se demuestra lo contrario.

Esa respuesta tiene que ser rápida, pues hay que tener en cuenta que el descrédito del Legislativo ha asumido ya las características de un tumor maligno que solo tiene soluciones quirúrgicas, para recuperar al paciente y evitar que sucumba.

Y la operación debe ser pronta, es decir que los partidos deben concertar posiciones y llegar a un consenso para proceder a la cirugía, separando del Congreso a los protagonistas de los tres más recientes escándalos, que tienen el común denominador de haber contravenido normas para beneficio privado.

La medida podrá parecer exagerada a quienes creen que hay diferencias entre esos casos y que en uno u otro hay atenuantes, pero la situación de nuestro Parlamento es tan grave que amenaza a la democracia misma y no hay más remedio que proceder y excluir a los cuestionados. ◘

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Editorial

¿Candidatos “pinocho”?

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Faltan escasos cinco días para las elecciones congresales extraordinarias convocadas para el domingo 26 del presente mes de enero y un importante número de electores aún no ha decidido por quién votará. A decir verdad, el abanico de candidatos tampoco ha puesto de su parte para explicarles a los ciudadanos por qué deberían votar por ellos como sus representantes en el Congreso de la República. Ni siquiera los llamados debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han sido esclarecedores; todo lo contrario, pues no se ha escuchado propuestas convincentes.

Por su parte, los candidatos insisten en sorprender a los electores con propuestas que suenan bonito, pero que ellos mismos saben que nunca podrán cumplirlas. Un ejemplo de ello es el ofrecimiento de la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que los congresistas corruptos puedan ser juzgados y sentenciados como cualquier mortal. No es real porque la inmunidad parlamentaria es inherente al ejercicio de las funciones que realizan los padres de la patria. Imaginemos que todos estén enjuiciados por lo que dicen o denuncian. Ninguno podría ejercer el mandato para el que han sido elegidos.

Otra gran mentira es ofrecer la pena de muerte para violadores y criminales. Cualquier persona que ha indagado un poquito sobre la pena de muerte sabe que los países suscriptores del Tratado de San José de Costa Rica se han comprometido a no restituir la pena capital después de haberla abolido. Muchos pensarán, entonces,que sería bueno retirarnos de ese tratado, pero para hacer eso se requiere de votaciones calificadas en dos legislaturas ordinarias, ynuestros ilustrados congresistas solo estarán hasta culminar el período 2016 – 2021 (en julio)¿Podrán cumplirlo? Claro que no.

Los partidos políticos han debido consensuar una agenda mínima para salvar las reformas queaún están pendientes, tales como la reforma política y electoral; la reforma de la administración de justicia, y un par de temas más. Solo sería factible aprobarlas si todos se ponen de acuerdo. Por lo pronto, la reforma electoral tiene un candado. No se puede llevar a cabo faltando un año o menos para las elecciones, lo cual debe ocurrir entre marzo y abril. Si no se modifica esa norma, cualquier intento será nulo. Sin embargo, nuestros candidatos siguen ofreciendo de todo como en botica, y por mentirosos no hay que votar.

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Editorial

En la recta final

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A menos de una semana de las elecciones parlamentarias extraordinarias, convocadas para el domingo 26 del mes en curso, un gran porcentaje del electorado aún no sabe por quién votará según los resultados de los sondeos de opinión publicados hasta ayer domingo. Para variar, el candidato ninguno era el que encabezaba las preferencias. No obstante, nuestro electorado es impredecible y muchos deciden su voto en la cola de las mesas electorales. Pareciera que eso es una suerte de deporte nacional.

Por lo pronto, ya no podremos saber cómo van las encuestas porque a partir de hoy está prohibida la publicación de resultados de los sondeos de opinión, según lo ha recordado el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En caso de incumplimiento, la empresa encargada de los sondeos será sancionada con una multa de entre S/43,000 y S/430.000, recordó el presidente del JNE, Víctor Ticona.Asimismo, desde el viernes 24 de enero también estarán prohibidas las reuniones de carácter político, y en caso de no respetarse la disposiciónla pena es no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Lo importante es conocer que primero se debe marcar por la lista que prefiera el elector y de esa lista se puede elegir uno o dos candidatos, cuyo número se anotará en el recuadro correspondiente. Muchas personas están diciendo en las redes sociales que expresarán su disconformidad votando en blanco o nulo, lo cual es una opción, pero terminarán ayudando a pasar la valla electoral a los partidos que tienen menos votación. Pero, además, ayudará al partido ganador a obtener más curules de las que le habrían correspondido con un menor porcentaje de votos blancos y nulos.

Así las cosas, las tendencias se irán definiendo conforme se acerque la hora de las elecciones, el próximo domingo 26 de enero. En este proceso están habilitados para votar 24 millones 799 mil 384 ciudadanos, de los cuales 974 230 son peruanos que residen en el extranjero. Lo importante es votar por los mejores candidatos para que puedan sacar adelante las reformas que han quedado pendientes.

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Editorial

Una mala medida

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Después de muchos años que el Perú ha estado exportando hacia Bolivia productos hortícolas como la papa, zanahoria y cebolla, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del país altiplánico ha suspendido la emisión de permisos para la importación de estos productos, sin existir ningún argumento técnico para ello, pues no se han producido interceptaciones de plagas en los envíos para justificar una restricción o cierre de mercado, según ha advertido el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Ocurre, además, que el Perú está cumpliendo con todos los requisitos fitosanitarios que exige el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia para la exportación de productos peruanos.Debido a este cumplimiento es que los productos hortícolas peruanos, se han venido enviando al mercado boliviano con fluidez, desde hace muchos años. Medios bolivianos señalan que el motivo para el cierre de mercado es por un tema de contrabando. No obstante, esa medida está afectando las exportaciones de pequeños productores de Perú y Bolivia que se dedican al intercambio comercial.

El Perú y Bolivia han mantenido y mantienen hasta la fecha una relación comercial histórica de productos agrícolas dentro de las buenas relaciones de ambos países, como señala el Minagri. Es así que el Perú recibe anualmente más de 600,000 toneladas métricas (TM) de torta de soya, 23,000 TM de torta girasol, y 47,000 TM de harina de soya. Sin embargo, recientemente, el Senasaha detectado algunos incumplimientos en envíos procedentes de Bolivia y está evaluando el caso para tomar las medidas fitosanitarias necesarias luego de un diálogo con las autoridades del vecino país.

Actualmente, la mayoría de países cree en que los mercados no deben tener ningún tipo de trabas para que las economías funcionen. Ojalá que el Minagri pueda conformar una comisión técnica que evalúe la situación para que ambas partes se sienten a conversar y busquen soluciones que redunden en un beneficio para ambos países, especialmente para los pequeños agricultores de ambos países que viven del intercambio comercial.

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