Vecinos de Lurín siguen viviendo entre carpas dos meses después de la explosión de un almacén con químicos tóxicos. No reciben ayuda.
Dos meses después de la explosión del almacén en Lurín, los vecinos continúan expuestos a sustancias tóxicas como cianuro de sodio y soda cáustica, sin recibir ningún tipo de ayuda de la empresa responsable, Labminsur. El incendio, que dejó heridos y graves daños materiales, se originó por la explosión de tanques de gas. La empresa ha vuelto al lugar solo para retirar productos, sin atender a las familias afectadas ni asumir responsabilidades. Las autoridades tampoco han tomado medidas concretas de reparación, a pesar de las denuncias presentadas.
Tóxicos, abandono y rabia
La mañana del 16 de abril, una explosión sacudió un almacén de Labminsur ubicado en el kilómetro 35 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín. El siniestro, de nivel 4, fue provocado por la explosión de dos tanques de gas, que generaron una onda expansiva de aproximadamente un kilómetro a la redonda. El incendio dejó varios heridos, quienes fueron trasladados en ambulancias de la municipalidad a centros de salud cercanos.
Desde entonces, los vecinos conviven con químicos peligrosos como soda cáustica y cianuro de sodio. Cada vez que llueve, el agua activa una reacción que libera vapores que afectan directamente la salud. “Nos arde la garganta, la nariz, y el olor se vuelve insoportable”, denuncian.
Labminsur no ha brindado ningún tipo de ayuda. Solo han entrado al almacén para retirar productos. La empresa no ha ofrecido apoyo a las familias damnificadas, que siguen esperando una respuesta.
Sin ayuda, sin garantías
La indignación crece. A la fecha, no existe ninguna medida de reparación concreta. La Municipalidad de Lurín y los afectados han presentado una denuncia colectiva contra Labminsur, y otros también han recurrido a denuncias individuales. Pero el tiempo pasa y las autoridades no responden con acciones efectivas.
Muchos de los damnificados siguen viviendo en carpas, módulos provisionales o albergues improvisados. No cuentan con garantías mínimas ni soluciones claras, mientras los químicos tóxicos permanecen en la zona.
La comunidad exige que la empresa asuma su responsabilidad y que el Estado actúe antes de que otra emergencia agrave aún más su situación.
