Mineros formalizados denuncian amenazas de grupos ilegales que buscan apoderarse de sus concesiones. Temen un nuevo baño de sangre como el de 2022, cuando 14 personas murieron en enfrentamientos por minas.
El conflicto por el control de los socavones en Ático, Caravelí, ha escalado a niveles alarmantes. Mineros en proceso de formalización denuncian que grupos armados intentan arrebatarles sus concesiones mediante extorsiones, quema de vehículos y amenazas directas. La situación recuerda la violencia de 2022, cuando una disputa similar dejó 14 muertos. Aunque las bases enfrentadas en ese entonces mantienen una tregua, ahora temen que mafias externas desaten otra ola de sangre.
Amenazas dentro de las minas
Los mineros de las bases Ático-Calpa y Calpa-Renace aseguran que operan bajo constante presión. «Nos han amenazado varias veces. Tenemos miedo de ser emboscados dentro de las labores», dijo Daniel Huallichiquera, representante de Ático-Calpa. Muchos ya evitan ingresar a sus propias galerías por temor a ataques.
Cristian Laura López, vocero de Calpa-Renace, acusó a los ilegales de querer apropiarse de todo. «Hemos hecho inversión formal. Esta gente quiere apoderarse de todo. Estamos inseguros, incluso con el Estado, porque no nos protege», denunció.
El fantasma de 2022
En 2022, Ático fue escenario de un enfrentamiento sangriento entre mineros que dejó 14 muertos. Aunque hoy las bases enfrentadas en ese entonces aseguran haber pactado una tregua, la llegada de nuevos actores violentos reaviva el miedo.
El abogado Hugo Pacheco, representante de Calpa-Renace, advirtió que la amenaza ahora viene de grupos que «coaccionan, azuzan a la población y usan la fuerza para realizar actividad minera ilegal».
La garita en disputa
Una estructura metálica en la entrada de la zona minera se ha convertido en otro punto de conflicto. Los mineros ilegales exigen su retiro, argumentando que obstruye el paso. Pero los formalizados insisten en que está dentro de una concesión privada y sirve como medida de seguridad.
Temen que su demolición facilite el ingreso de grupos armados. «Si la quitan, será más fácil que nos ataquen», explicó un minero que prefirió no dar su nombre.
Alcalde pide estado de emergencia
El alcalde de Ático, Julio Candia, pidió que se declare estado de emergencia en la zona. «No queremos repetir la tragedia del 2022», dijo. Sin embargo, los mineros formalizados desconfían: creen que la medida podría paralizar sus operaciones y beneficiar a grandes empresas como Intigold Mining.
Abandono del Estado
Los mineros se sienten desprotegidos. Denuncian que no hay presencia policial efectiva ni garantías para su seguridad. «Estamos solos. Ellos tienen armas, nosotros no. Solo queremos trabajar y terminar de formalizarnos», relató uno de ellos.
Mientras la tensión crece, el temor a una nueva masacre se hace cada vez más tangible. «Esto no es Pataz… aún», advierten, recordando el conflicto en La Libertad que dejó decenas de muertos. Pero en Ático, la historia parece dispuesta a repetirse.
