Por Luis Felipe Alpaca
Desde su creación, el Ministerio de Cultura del Perú parece más un escenario de escándalos que una institución dedicada a preservar el legado cultural del país. La historia reciente lo confirma. En 2018, el viceministro Luis Villacorta benefició a su propia empresa, ‘Arqueo’, con más de S/300 mil en contratos. Poco después, Richard Swing, personaje sin mayor mérito profesional, recibió más de S/175 mil por brindar “charlas sapienciales” gracias a recomendaciones directas del despacho presidencial durante el gobierno de Martín Vizcarra.
En 2019, Rogers Valencia, entonces ministro, anuló multas por más de S/4 millones a favor de la empresa R&G, responsable del controversial hotel Sheraton en Cusco. Más adelante, Leslie Urteaga fue la más cuestionada y enfrenta acusaciones fiscales por su falta de voluntad para proteger el patrimonio nacional frente a intereses de mineras y empresas privadas, además de contratar irregularmente a Joinnus para manejar la venta de entradas a Machu Picchu.
Y ahora, en pleno 2025, la historia se repite con Fabricio Valencia, actual titular de Cultura, protagonista de un nuevo escándalo que combina poder, amor e irregularidades administrativas. Shirley Hopkins Cerna, de 34 años, ha recibido jugosas órdenes de servicio por más de S/120 mil como especialista en gestión administrativa. ¿Su mérito? No tener estudios universitarios, pero sí un aparente romance con el ministro.
Más allá del vínculo sentimental —que en una sociedad no debería ser motivo de escarnio—, lo que indigna es el uso del aparato estatal como si fuera propiedad privada. Hopkins no solo obtuvo contratos dudosos: también habría utilizado junto a Valencia el vehículo oficial para fines personales, como ir a comer a restaurantes cercanos al ministerio.
Esto no es nuevo. Nos recuerda al «ministro del amor», Mariano González, o al expremier Alberto Otárola, ambos caídos por escándalos similares que involucraba a féminas. Lo preocupante es la reincidencia. ¿Qué dice esto sobre los filtros éticos y legales en la gestión pública?
El último viernes el Ministerio Público ya intervino las oficinas del Mincul y la Comisión de Fiscalización ha citado a Valencia para la próxima semana. Pero más allá de las explicaciones que pueda dar, la pregunta de fondo es otra: ¿Cuánto más toleraremos que el Estado sea utilizado como botín por funcionarios sin escrúpulos?
