Premier Eduardo Arana insiste en coordinación interinstitucional para combatir la delincuencia, mientras críticos cuestionan resultados concretos.
El premier Eduardo Arana aseguró que el gobierno de Dina Boluarte avanza en una «lucha frontal» contra la criminalidad, pero pidió paciencia y confianza a la ciudadanía, admitiendo que los resultados dependen de una coordinación efectiva entre instituciones. Durante una supervisión en Independencia, junto al ministro del Interior Carlos Malaver, Arana destacó operativos policiales y llamó a la colaboración ciudadana, aunque omitió cifras concretas de reducción de delitos o plazos claros para mejorar la seguridad.
El discurso de la unidad y sus límites
Arana enfatizó que la estrategia de seguridad requiere alinear esfuerzos del Poder Ejecutivo, Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial. «No habrá resultados si las instituciones no actúan coordinadas», declaró, reconociendo implícitamente fallas en la articulación estatal. Sin embargo, no detalló cómo resolverá históricos conflictos entre estos organismos, como la lentitud judicial o la corrupción en sectores policiales.
El premier citó como ejemplo los operativos conjuntos con el Ministerio de Defensa, pero evitó mencionar críticas recientes a las Fuerzas Armadas por su rol en protestas sociales, donde organismos de derechos humanos denunciaron excesos. Tampoco abordó el déficit de 20,000 policías activos, según reportes internos de la PNP.
La sombra de las cifras no compartidas
Arana afirmó que «devolverán la tranquilidad», pero no presentó datos sobre reducción de homicidios, robos o desarticulación de redes criminales en lo que va del gobierno. Este vacío contrasta con anuncios previos de la administración Boluarte, como la entrega de 120 camionetas a comisarías en Piura o la captura de 150 sospechosos en Lima, operativos que analistas califican de «gestos simbólicos» sin impacto sostenible.
Organizaciones civiles exigen transparencia. «Si hay avances, que muestren las estadísticas. La gente no vive de discursos, sino de hechos», señaló un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que ha documentado incrementos en extorsiones y violencia urbana.
El llamado a la colaboración ciudadana
El premier urgió a la población a «trabajar con las autoridades», aunque omitió mencionar mecanismos concretos para proteger a testigos o denunciantes. En regiones como La Libertad o Pataz, ciudadanos reportan temor a represalias de mafias locales al cooperar con la policía.
«Exhortamos a denunciar, pero ¿cómo? Si en mi barrio los delincuentes saben quién va a la comisaría», cuestionó una vecina de Comas en redes sociales, reflejando un escepticismo extendido.
La seguridad como promesa pendiente
Mientras Arana insiste en «confiar en el gobierno», las protestas por inseguridad crecen. Solo en mayo, transportistas bloquearon carreteras en Arequipa y Lima exigiendo protección contra asaltos, y comerciantes de Gamarra demandan más patrullajes tras siete robos en una semana
