Con 97 votos a favor, nueva ley permite deportación de extranjeros sin sentencia firme para casos de flagrancia. Medida incluye prohibición de reingreso y decomiso de bienes.
El Congreso peruano aprobó este martes una reforma legal que permite la expulsión inmediata de extranjeros sorprendidos cometiendo delitos, sin necesidad de esperar una sentencia firme. La medida, respaldada con 97 votos a favor, modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para agilizar las deportaciones en casos de flagrancia. Además, establece que los expulsados no podrán volver a ingresar al país durante un tiempo equivalente a la pena máxima del delito cometido. La norma surge como respuesta al aumento de la inseguridad ciudadana y busca ser una herramienta disuasoria contra la criminalidad.
Detalles de la nueva legislación
El dictamen aprobado introduce cambios en los artículos 30, 30-A, 52 y 52-A del Código Penal, así como en el artículo 118 del Código de Ejecución Penal. La principal novedad es que los jueces ahora podrán ordenar la expulsión de un extranjero apenas sea detenido en flagrancia, sin tener que esperar a que concluya un proceso penal.
«El extranjero que sea expulsado no podrá reingresar al Perú durante el periodo equivalente al máximo de la pena impuesta», señala el texto legal. Esto significa que, por ejemplo, si alguien es sorprendido robando y la pena máxima para ese delito es de cinco años, esa persona no podrá volver al país durante ese mismo lapso.
Además, la ley autoriza el decomiso de bienes vinculados al delito, con el fin de garantizar la reparación civil a favor del Estado o de las víctimas. Esta medida apunta a evitar que los infractores se beneficien económicamente de actividades ilícitas.
Reforma al sistema de seguridad ciudadana
En paralelo, el Congreso aprobó con 104 votos a favor una modificación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Este cambio reorganiza las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con el objetivo de hacer más eficiente su trabajo frente a la criminalidad.
La reforma busca mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y los gobiernos locales. El ajuste responde a críticas sobre la lentitud y desorganización en la respuesta estatal ante el aumento de delitos.
Contexto y reacciones
La aprobación de estas normas ocurre en un momento de creciente preocupación por la seguridad pública. Encuestas recientes muestran que la delincuencia es uno de los principales problemas que preocupan a los peruanos, especialmente en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo.
Los promotores de la ley argumentan que ayudará a reducir la impunidad y desincentivará a extranjeros que vienen al país a delinquir. «Esta medida es necesaria para proteger a los ciudadanos y enviar un mensaje claro: el Perú no será refugio para criminales», declaró un congresista oficialista durante el debate.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación. Advierten que la norma podría aplicarse de manera arbitraria y afectar a migrantes vulnerables. «Sin garantías procesales, se corre el riesgo de deportaciones injustas», señaló un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Lo que sigue
La ley entrará en vigencia tras su publicación en el diario oficial El Peruano. Las autoridades ya trabajan en protocolos para su implementación, que incluirán capacitaciones a jueces y policías.
El impacto real de la medida se verá en los próximos meses. Si bien podría generar una reducción inicial de delitos cometidos por extranjeros, expertos señalan que el problema de fondo requiere políticas integrales que aborden causas como la pobreza y el desempleo.
Mientras tanto, el mensaje del Congreso es claro: el país está endureciendo su postura frente a la delincuencia, especialmente cuando involucra a ciudadanos extranjeros. La ciudadanía espera que esto se traduzca en calles más seguras y menos impunidad.
