Ministerio Público montó un show mediático al oponerse con fundamentos absurdos a la Ley 32326.
La nueva norma pone fin al faenón judicial de abusos que permitía la Ley de Extinción de Dominio.
Delia Espinoza, Fiscal de la Nación, escenificó un papelón al quejarse por la exigencia de “una sentencia firme y consentida” para aplicar la extinción de dominio.
El Ministerio Público escenificó ayer un dramático pronunciamiento contra la Ley 32326, norma que por fin pone coto a los excesos en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Los fiscales supremos, con Delia Espinoza a la cabeza, lanzaron quejas airadas por lo que consideran un “retroceso”, cuando en realidad la norma solo establece procedimientos más justos y equilibrados.
“La modificación exige una sentencia firme y consentida”, se quejó Espinoza, como si esperar una condena legal antes de quedarse con los bienes ajenos fuera algo descabellado. Lo que no menciona es que durante años la institución ha intervenido patrimonios sin el mínimo respeto al debido proceso.
FISCALES PEGAN
EL GRITO AL CIELO
El pronunciamiento resulta revelador sobre las verdaderas intenciones del Ministerio Público. Critican al Ejecutivo por no escuchar sus “advertencias técnicas”, cuando en realidad lo que defienden es la continuidad de un sistema que les daba poder casi ilimitado para perseguir y hostigar sin necesidad de probar delitos en juicio.
Con la nueva ley, la acción de extinción de dominio prescribirá en cinco años, un plazo razonable que obliga a los fiscales a hacer bien su trabajo en vez de eternizar investigaciones sin rumbo. Esto, lejos de beneficiar al crimen como dramáticamente afirman, simplemente impone estándares básicos de justicia.
“El Estado pierde una herramienta eficaz, rápida y autónoma”, se lamentó Espinoza, omitiendo convenientemente que lo “rápido y autónomo” muchas veces significaba atropellar garantías constitucionales fundamentales.
FISCALES SE QUEDAN
SIN FAENÓN
El berrinche fiscal evidencia lo cómodos que estaban con un sistema que les permitía actuar con mínima supervisión judicial. La Junta de Fiscales ahora habla de “casos emblemáticos” afectados, sin reconocer que muchos de estos procesos llevan años sin mostrar resultados concretos.
Su crítica a la falta de “debate técnico” es particularmente irónica, considerando que la antigua normativa se aplicaba frecuentemente con criterios políticos más que jurídicos.
Finalmente, el llamado a “recapacitar y revertir” esta legislación evidencia que los fiscales supremos no están dispuestos a aceptar límites a su poder ni a someterse a estándares probatorios más rigurosos. La nueva ley, lejos de favorecer la impunidad como dramáticamente sugieren, simplemente equilibra la balanza entre el poder estatal y los derechos ciudadanos, obligando al Ministerio Público a hacer bien su trabajo antes de disponer del patrimonio ajeno.
