La norma que incluye a menores de 16 y 17 años en el sistema penal ordinario vulnera tratados internacionales, advierte Unicef.
Unicef y otras agencias de Naciones Unidas exigieron al Estado peruano derogar la ley que incorpora a adolescentes en el sistema penal ordinario por delitos graves. Denunciaron que esta medida viola la Convención sobre los Derechos del Niño y no contribuye a reducir la violencia. Advirtieron que puede exponer a los menores a mayores riesgos y ofrecieron apoyo técnico para buscar soluciones más efectivas. La Defensoría del Pueblo también cuestionó la norma y anunció una demanda de inconstitucionalidad.
Críticas de organismos internacionales
La reciente ley que permite procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos como extorsión, homicidio o violación sexual ha generado un fuerte rechazo por parte de organismos internacionales. Unicef, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), exhortó al Estado peruano a derogar esta norma por considerarla incompatible con compromisos internacionales asumidos por el país.
“Esta norma resulta contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que reconoce derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, y que el Perú ha suscrito”, señala el comunicado conjunto.
Más riesgo, menos justicia
Las agencias advirtieron que la ley no reducirá la violencia y, por el contrario, podría agravar el problema. “La medida adoptada no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país”, señalaron. Afirmaron que esta política puede llevar a que los menores de edad sean recluidos junto a adultos y terminen integrándose a dinámicas criminales más graves. “La ley aprobada acrecienta el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”, alertaron.
Los organismos reiteraron que la política punitiva no es una respuesta estructural a los problemas de fondo. Por eso, ofrecieron asistencia técnica al Estado para diseñar respuestas que atiendan las causas de la violencia juvenil. “Las agencias firmantes ponen a disposición del Estado peruano todo su apoyo técnico para la búsqueda de soluciones conjuntas”, afirmaron.
La Defensoría también se opone
La Defensoría del Pueblo también se pronunció en contra de esta ley. Señaló que la norma vulnera los derechos de los adolescentes y anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad. Desde esa entidad se sumaron al llamado para que se refuercen las capacidades del sistema de justicia penal juvenil, en lugar de criminalizar a los menores.
