Robert de la Cruz, consejero por Trujillo, responsabiliza a empresas mineras por contratar servicios de seguridad que generan enfrentamientos con mineros ilegales. Exige acción del gobierno y denuncia negligencia en la fiscalización.
El asesinato de 13 trabajadores de la minera Poderosa en la provincia de Pataz, La Libertad, ha reavivado el debate sobre el rol de las empresas formales en la violencia vinculada a la minería ilegal. Robert de la Cruz, consejero regional por Trujillo, acusó directamente a la compañía y al gobierno de ser corresponsables de las muertes, al permitir la contratación de «services» de seguridad que terminan en enfrentamientos sangrientos. Según el funcionario, Poderosa y otras mineras operan en una zona donde el Estado brilla por su ausencia, generando un ciclo de conflictos que ya ha cobrado demasiadas vidas.
«Las mineras formales también son responsables»
De la Cruz sostiene que, aunque la minería ilegal es un problema grave en Pataz, las empresas con concesiones legales no están exentas de culpa. «La gran minería, en este caso Poderosa, contrata servicios privados para ‘liberar’ zonas invadidas por informales, y esos operativos derivan en violencia», explicó en una entrevista radial. Según su denuncia, estos grupos actúan sin control estatal, lo que convierte a las empresas en cómplices indirectos de los crímenes.
El consejero también apuntó contra el Ministerio de Energía y Minas y la presidenta Dina Boluarte, a quienes acusó de no fiscalizar adecuadamente las operaciones mineras. «Pataz es una zona rica en minerales, pero carece de carreteras, inversión social y presencia policial efectiva. Mientras el oro sale, la población sigue en el abandono», afirmó.
«Nadie quiere cortar la ruta del oro ilegal»
Más allá de los conflictos entre mineros formales e informales, De la Cruz denunció que existe una red de tráfico de oro, armas y explosivos que opera con impunidad en la zona. «Todo pasa por el puente Chagual, pero no hay voluntad política para intervenir», aseguró. Según sus declaraciones, aunque desde 2023 se solicitó una base militar en Pataz, recién se aprobó su instalación para 2025, después de la masacre de los trabajadores.
El consejero cuestionó la demora en las acciones del gobierno y sugirió que hay intereses económicos que impiden un control real sobre la minería ilegal. «Mientras no se corte la ruta del oro, la violencia seguirá», advirtió. Su reclamo coincide con las protestas de familiares de las víctimas, que exigen justicia y mayor seguridad en la zona.
La tragedia en Pataz ha expuesto una vez más las fallas del Estado en la regulación de la actividad minera, así como las prácticas cuestionables de algunas empresas formales. Mientras las autoridades prometen medidas reactivas, como la futura base militar, las comunidades afectadas demandan soluciones inmediatas que frenen la violencia y garanticen desarrollo real para la región. El caso de Poderosa podría marcar un precedente en la discusión sobre la responsabilidad corporativa en conflictos sociales vinculados a la minería, pero por ahora, las sombras de la impunidad y la negligencia siguen dominando el panorama.
