La crisis de confianza en el sistema de justicia peruano se ha agravado en el último año. Especialistas en derecho constitucional, como el Dr. Jorge Rioja, han advertido el aumento de decisiones caóticas por parte de las autoridades judiciales, la proliferación de jueces y fiscales provisionales, y una preocupante indiferencia del gobierno central ante la violencia creciente en el país.
Según el Dr. Rioja, la raíz de muchos de estos problemas proviene del incumplimiento de las leyes que regulan la conformación y funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad clave para la designación y supervisión de magistrados en el Perú. De acuerdo con la Ley Orgánica de la JNJ, los integrantes de la Comisión Especial que la conforma deben participar de manera personal e indelegable. Sin embargo, se ha observado la incorporación de figuras interinas y una premura institucional por legitimar mandatos fuera de los plazos legales, lo que pone en entredicho los procesos de designación de magistrados.
En este contexto, un hecho reciente ha sido la destitución de un magistrado de la JNJ tras revelarse que este ocultó una sentencia judicial en su contra, condición prohibida para ocupar el cargo. Aunque la destitución responde a la ley, se critica que no se exijan medidas adicionales como la devolución de remuneraciones percibidas irregularmente. También se ha cuestionado la falta de filtros adecuados en la selección de candidatos, señalando que vínculos previos no pueden ser la única garantía de idoneidad.
El debate se agudiza con el crecimiento del número de jueces y fiscales provisionales, especialmente en instancias como la Corte Suprema, donde más de la mitad de los magistrados no son titulares y, por lo tanto, no enfrentan la misma responsabilidad política. Esto ha generado críticas hacia la lentitud de la JNJ para nombrar titulares y la necesidad de reformar la ley para poner límites estrictos —máximo dos años y por única vez— a la provisionalidad.
El Dr. Rioja insiste en que mientras estas falencias permanezcan, la desconfianza ciudadana seguirá creciendo y la impunidad puede encontrar terreno fértil. Plantea que el fortalecimiento de la institucionalidad y la aplicación ejemplar de la ley son vitales para que las nuevas generaciones perciban que el delito no paga y que los procesos contra quienes han traicionado la confianza pública lleguen realmente a su fin.
