Wasi Mikuna propone canastas ante emergencia, pero Midis anula la medida y deja en el aire la alimentación escolar.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, desautorizó a la directora ejecutiva del programa de alimentación escolar Wasi Mikuna, Nadya Villavicencio, quien había dispuesto la distribución de canastas de alimentos para los 4.2 millones de escolares que dependen del servicio a nivel nacional. Esta medida se había planteado como una salida urgente a la crisis del programa, en emergencia tras varios casos de intoxicación masiva y fallas en la infraestructura escolar para el manejo adecuado de alimentos.
Wasi Mikuna en crisis
Wasi Mikuna atraviesa una situación crítica luego de que se suspendiera la entrega y consumo de enlatados de pescado, pollo y pavita, tras múltiples episodios de intoxicación en diversas regiones. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) agravó el panorama al informar que el 70% de las escuelas no cuentan con almacenes ni cocinas adecuadas para conservar o preparar los alimentos entregados.
En este contexto, el equipo técnico del programa y los proveedores sostuvieron varias reuniones. Acordaron distribuir canastas desde junio, con productos que cumplen los estándares nutricionales legales y que excluyen los enlatados cuestionados. Las canastas incluirían diez alimentos como arroz, azúcar, lenteja, arveja y leche. Sin embargo, el programa solo tiene asegurado el abastecimiento hasta mayo.
Marchas y contramarchas
El miércoles 30 de abril, a las 5:12 p.m., Nadya Villavicencio emitió una resolución para modificar la modalidad de entrega de alimentos: se adoptaría “la modalidad de atención de productos en forma de canasta temporal”, en coordinación con los proveedores contratados para el 2025.
Tres horas después, la ministra Urteaga ordenó cancelar esta medida. A las 7:44 p.m., Villavicencio se vio obligada a emitir una nueva resolución que dejaba “sin efecto” la distribución de las canastas, decisión que afectaría directamente a los 4.2 millones de escolares, ya que la entrega regular está suspendida y no hay un plan alternativo anunciado.
Esa misma noche, a las 10:29 p.m., la ministra firmó una resolución con quince medidas bajo el título de “proceso de extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna”. Sin embargo, ninguna de estas acciones contempla la entrega inmediata de alimentos ni garantiza la continuidad del servicio. Las medidas son generales. La primera dice: “Evaluar la necesidad de reformular o modificar normas técnicas y administrativas […] con sentido de urgencia […]”. La segunda propone “convocar de manera inmediata a los proveedores ante cualquier eventualidad”, y la tercera, “establecer un canal de comunicación directa con proveedores, padres de familia […]”.
Wasi Mikuna y su falta de de respuestas concretas
Las medidas anunciadas no ofrecen soluciones inmediatas para asegurar que los escolares reciban alimentos en junio. Pese a que las reuniones entre Wasi Mikuna y los proveedores ya habían logrado un acuerdo para entregar canastas sin conservas, la ministra optó por desactivar la medida. Esta decisión también interrumpe el plan de evaluación de los enlatados en laboratorios, procedimiento que toma al menos 21 días.
El martes 6 de mayo, la ministra Leslie Urteaga deberá responder ante una interpelación del Congreso por los casos de intoxicación. Ese día se espera que anuncie una alternativa concreta para garantizar la alimentación escolar, ya que actualmente no hay distribución de productos a las escuelas.
Conservas en debate
Mientras tanto, el lote de pescado enlatado “Karpez”, que se acusó de intoxicar a 85 escolares en Piura el pasado 3 de abril, fue declarado “apto para el consumo humano” por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes). El informe apunta a otros posibles factores, como las condiciones de preparación, como causa de los malestares gástricos. A pesar de este dictamen, Wasi Mikuna mantiene la suspensión del consumo de conservas de pescado por precaución.
El gobierno ha destinado este año S/2.615 millones al programa de alimentación escolar. Sin embargo, las decisiones contradictorias y la falta de acciones claras ponen en riesgo el derecho a la alimentación de millones de estudiantes.
