Diputados brasileños exigen que el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público y la Procuraduría examinen las decisiones del gobierno de Lula en un caso que ha generado controversia internacional.
El asilo diplomático concedido a Nadine Heredia, exprimera dama peruana condenada por lavado de activos, sigue generando reacciones en Brasil. Mientras el Parlamento peruano mantiene un silencio llamativo, diputados brasileños han presentado solicitudes formales para investigar posibles irregularidades en el otorgamiento de su refugio político y el uso de un avión militar para su traslado desde Lima a Brasilia.
Cuestionamiento al asilo y a la violación de tratados internacionales
El diputado Evair Vieira de Melo, del partido Progresistas (PP-ES), presentó el Requerimiento N.° 140/2025, en el que argumenta que el asilo otorgado a Heredia no cumple con los criterios establecidos en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Según el legislador, no se ha demostrado que la exprimera dama peruana esté siendo perseguida políticamente, requisito fundamental para justificar su protección bajo este estatuto. «Cuando un gobierno protege al condenado y no al inocente, deja de hablar en nombre de la justicia para actuar por conveniencia», declaró Vieira de Melo.
Además, el documento señala que el traslado de Heredia en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) carece de justificación humanitaria y podría constituir un uso indebido de recursos estatales. El diputado solicita que se determine si esta acción configura un acto de improbidad administrativa o incluso un crimen de responsabilidad por parte del presidente Lula da Silva.
Auditoría sobre el uso del avión militar y posibles violaciones constitucionales
Por su parte, el diputado Filipe Barros, del Partido Liberal (PL-PR), presentó el Requerimiento N.° 29/2025 ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), exigiendo una auditoría detallada sobre el uso de la aeronave militar. El texto cuestiona la falta de fundamento legal y administrativo para justificar el operativo, así como los costos asociados al vuelo, que incluyen combustible, tripulación y mantenimiento.
Barros también exige que se verifique si la decisión respetó los principios constitucionales de legalidad, moralidad y eficiencia. Asimismo, plantea dudas sobre si el uso de las Fuerzas Armadas para este fin se ajusta a su misión constitucional, que se limita a la defensa nacional y al apoyo a los poderes constituidos, no a operativos diplomáticos de dudosa justificación.
El caso ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia y la diplomacia en Brasil, mientras el gobierno de Lula enfrenta crecientes cuestionamientos por decisiones que, según sus críticos, priorizan alianzas ideológicas sobre la transparencia y el estado de derecho. Las investigaciones solicitadas podrían definir no solo el futuro del asilo de Heredia, sino también marcar un precedente sobre el uso de recursos públicos en situaciones de alto perfil político.
