La Red que no cae y sigue moviendo los hilos en dicha entidad
En el corazón del aparato estatal, una red de poder sigue operando con impunidad, moviendo fichas estratégicas a conveniencia de intereses que trascienden los límites legales y éticos. El nombre de Luis Rivera Pérez, sentenciado y públicamente expuesto por su participación en actos irregulares, vuelve a aparecer, esta vez vinculado al nombramiento de José Alberto Díaz Zegarra como Especialista Nacional en Comunicaciones Satelitales del proyecto PER24819, encomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Designación efectuada por el actual gerente central de navegación aérea, Víctor Cerna, quien también está directamente vinculado a Rivera Pérez en la adquisición de los Radares a INDRA. Víctor Cerna ha mantenido a Díaz Zegarra como su brazo derecho.
Cuestionamientos
Fuentes internas de CORPAC S.A. confirman que Díaz Zegarra no llegó a este cargo por mérito técnico, sino por recomendación directa de Rivera Pérez. Este habría contado con la complicidad del entonces presidente del directorio, José Luis Barrios Espinoza, quien protegió y facilitó el ascenso de Díaz Zegarra, pese a los cuestionamientos sobre su idoneidad y cercanía con el entorno delictivo de Rivera.
Pero lo más alarmante es que, con la llegada de la nueva gestión liderada por Tábata Vivanco, supuestamente designada también bajo la influencia de Rivera Pérez, se ha continuado la protección y privilegios a este grupo. En lugar de investigar o sancionar, la actual administración ha premiado a Díaz Zegarra enviándolo como representante nacional ante la OACI, reforzando así los lazos entre la entidad internacional y esta presunta mafia enquistada en el sector aeronáutico.
Esta maniobra no es aislada. Rivera Pérez ha sido vinculado en múltiples ocasiones a una red que incluye a Pablo Espino Bavetón, empresario cercano al denominado “fortín de Nicanor”, en referencia a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República. Las conexiones entre Rivera, Nicanor y varios contratos estatales ponen en evidencia un esquema de favores y encubrimientos de alto nivel, donde el tráfico de influencias parece ser la norma y no la excepción.
La ciudadanía exige respuestas.
¿Cómo es posible que un personaje con antecedentes como Rivera Pérez siga ejerciendo poder? ¿Por qué CORPAC, bajo distintas gestiones, continúa permitiendo estas designaciones? ¿Cuál es el verdadero rol de OACI en esta cadena de complicidades? ¿Por qué OACI a través de su unidad de compras TCB no investiga a Pablo Fernández ex trabajador de INDRA Y A Javier López brazo articulador en esta institución de Rivera Pérez
Lo que queda claro es que, mientras no se desmantele esta red de protección, el aparato estatal seguirá siendo usado para proteger intereses particulares, en lugar de servir al país. El caso de José Díaz Zegarra y su escandaloso pase a OACI es solo una pieza más del rompecabezas.
