Martín Vizcarra (a) Lagarto no podrá ocupar cargo político alguno en los próximos diez años.
Ante la presión de distintos sectores políticos y de la opinión pública, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo (a) Lagarto, ya no figura como afiliado de la agrupación política Perú Primero en el sistema del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
El documento señala que, en cumplimiento con la resolución de inhabilitación del Congreso de la República, se ejecutó esta medida, la misma que ha sido notificada al personero legal del partido para su conocimiento.
El 12 de marzo último, la Comisión Permanente del Congreso, inhabilitó a Vizcarra a 10 años del ejercicio de la función pública porque, en su condición de exjefe de Estado “por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, cerró el Congreso de la República”, según el informe final de denuncias constitucionales.
En diálogo con Infobae Perú, el solicitante de su exclusión anunció una denuncia contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que, en el pasado, si bien lo excluyeron de su cargo como fundador y presidente de la agrupación política, le permitieron mantener su condición de afiliado.
El pedido presentado por Caya el pasado 10 de marzo se fundamentó en un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que establece que los ciudadanos inhabilitados para ejercer funciones públicas no pueden formar parte de agrupaciones políticas. En el texto, se enfatiza que la
inhabilitación que pesa sobre el exmandatario desde 2021, derivada de acusaciones por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador de Moquegua, lo que lo descalifica para participar en actividades políticas organizadas.
“Solicito que se proceda con la exclusión inmediata de Martín Vizcarra del padrón de afiliados de Perú Primero, respetando asíla legalidad vigente y los principios democráticos, bajo responsabilidad administrativa y penal a que hubiera lugar”, escribió. Al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó la validez de este argumento en una entrevista con un medio de comunicación radial, donde destacó que el fallo del TC es vinculante y debe ser respetado por todas las instituciones del país.
Burneo subrayó que la participación de personas inhabilitadas en partidos políticos podría generar conflictos legales y afectar la legitimidad de los procesos electorales.
