Poder Judicial anula juicio oral del «Caso Cócteles»: Fiscalía deberá reformular acusación contra Keiko Fujimori

Segunda Sala de Apelaciones Nacional anuló juicio oral del «Caso Cócteles» contra lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros acusados. El proceso retornará a fase intermedia.

La Segunda Sala de Apelaciones Nacional confirmó la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori y todos los coacusados en el «Caso Cócteles», al validar la extensión de los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional que inicialmente benefició solo a José Chlimper.

El tribunal determinó que la acusación fiscal del 11 de marzo de 2021 contiene vicios procesales insubsanables que vulneraron el derecho de defensa de los implicados, por lo que el proceso deberá regresar a la etapa intermedia. Esta decisión obliga al Ministerio Público a reformular completamente su teoría del caso que pedía 30 años de prisión para la excandidata presidencial.

Fundamentos de la nulidad procesal

El tribunal ratificó que existen vicios procesales insubsanables en la acusación fiscal formulada el 11 de marzo de 2021. La resolución advierte que la Fiscalía incurrió en vulneración del principio de congruencia procesal al establecer imputaciones que no guardaban correspondencia con la formalización de la investigación preparatoria, configurando así una afectación al derecho de defensa y al debido proceso.

Entre las irregularidades detectadas, destaca que durante la investigación se atribuyó a los acusados un rol subordinado en la captación de activos ilícitos, mientras que en la acusación fiscal se les asignó sorpresivamente un papel protagónico sin sustento probatorio previo, contraviniendo el principio de imputación necesaria.

Caso Cócteles: cronología y alcance

El denominado «Caso Cócteles» investiga el presunto financiamiento ilegal de las campañas presidenciales de Fuerza Popular, donde la Fiscalía sostiene que se habrían realizado actividades de recaudación para encubrir aportes irregulares. La resolución judicial actual extiende a todos los procesados los efectos de la sentencia N° 327-2024 del Tribunal Constitucional, que inicialmente benefició solo a José Chlimper Ackermann.

El tribunal determinó que las deficiencias en la construcción de la teoría del caso fiscal afectan transversalmente a todos los implicados, lo que hace «inconcebible sostener una acusación desprovista de coherencia y solidez necesarias para fundamentar las imputaciones».

Cuestionamientos al trabajo del fiscal Domingo Pérez

La resolución judicial representa un severo revés para el fiscal José Domingo Pérez, quien dirigió la investigación. La Sala evidenció que la acusación formulada por el representante del Ministerio Público adolece de graves falencias técnicas y jurídicas que comprometen la validez del juicio oral en su conjunto.

Los magistrados señalaron que «la fiscalía no ha logrado ofrecer una acusación clara y coherente», situación que ha «erosionado la estructura de las imputaciones». Diversos juristas han comentado que la premura en la formulación de la acusación en marzo de 2021, coincidente con el periodo electoral, podría haber contribuido a estas deficiencias.

La defensa de Keiko Fujimori, a través de la abogada Giuliana Loza, ha sostenido reiteradamente que la actuación fiscal estuvo motivada por factores extrajurídicos y que existió una persecución política disfrazada de persecución penal, argumento que gana fuerza con esta resolución judicial.

Implicaciones inmediatas del fallo

La Fiscalía deberá reformular completamente su teoría del caso y presentar una nueva acusación que subsane los vicios identificados por el tribunal. El Ministerio Público solicitaba 30 años de prisión para Fujimori Higuchi por presuntos delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, crimen organizado y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El proceso, que lleva más de seis años en investigación y ha incluido prisión preventiva para varios de los implicados, deberá retornar a la etapa intermedia, donde se evaluará nuevamente la acusación fiscal antes de poder avanzar a un nuevo juicio oral, lo que podría significar años adicionales de litigio antes de alcanzar una resolución definitiva.