El MIMP, bajo la dirección de Fanny Montellanos, ha actualizado su controvertida «Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no existo» ignorando abiertamente la modificación a la Ley 28983 que establece claramente que las entidades estatales deben emplear el castellano estándar en sus comunicaciones oficiales, sin alteraciones basadas en consideraciones ideológicas.
La polémica actualización de la guía ministerial representa un claro desafío a la normativa legal vigente, pues impone modificaciones lingüísticas propias de la ideología de género pese a que el año pasado, gracias a la iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui, se modificó específicamente la ley para evitar estas distorsiones del idioma en las comunicaciones estatales.
Desacato a la normativa lingüística y legal
Un análisis del documento actualizado evidencia el sesgo ideológico: la expresión redundante «mujeres y hombres» aparece 42 veces, desconociendo deliberadamente el carácter inclusivo que la Real Academia de la Lengua atribuye al masculino genérico en español, una regla gramatical fundamental que las instituciones públicas deberían respetar.
Esta imposición lingüística contradice frontalmente la modificación legal que establece claramente que las comunicaciones oficiales deben ceñirse a las normas del idioma castellano, sin alteraciones basadas en ideologías. Sin embargo, el ministerio parece insistir en promover estas modificaciones artificiales como parte de una agenda de género.
Ejemplos de distorsión lingüística
La guía presenta numerosos ejemplos que revelan la artificialidad de las construcciones propuestas:
- Reemplazar términos claros y concisos como «integrantes de una comisión» por expresiones más largas como «quienes integran una comisión»
- Sustituir «adultos mayores» por «personas adultas mayores», añadiendo palabras innecesarias
- Cambiar «alimentados» por la frase completa «con buena alimentación los niños aprenden mejor»
Estos cambios no solo complican la comunicación y la hacen menos eficiente, sino que imponen una visión ideológica particular sobre cómo debe utilizarse el idioma, contraviniendo la autoridad lingüística de la Real Academia Española.
La ideología tras la guía
La actualización de esta guía ocurre poco después del escándalo protagonizado por la congresista Susel Paredes en relación con este mismo tema, lo que sugiere una coordinación en la imposición de estas pautas lingüísticas como parte de una agenda ideológica más amplia.
Expertos en lingüística han señalado repetidamente que estas modificaciones forzadas del lenguaje no contribuyen a la inclusión real, sino que responden a posturas ideológicas específicas que buscan transformar artificialmente las estructuras lingüísticas naturales por motivaciones políticas.
El documento ministerial ejemplifica cómo las instituciones públicas pueden desviar recursos para promover agendas ideológicas específicas, incluso cuando estas contravienen el marco legal establecido y las normas lingüísticas reconocidas por las instituciones autorizadas en materia de idioma.
Mientras tanto, los defensores de la normativa lingüística tradicional señalan que esta imposición representa una intromisión estatal en el uso natural del idioma y un intento de control del pensamiento a través de la manipulación del lenguaje, contradiciendo los principios de neutralidad que deberían regir la administración pública.
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