Denuncian operativo de reglaje irregular contra ONG vinculada a familiar de la presidenta Dina Boluarte.
El representante legal de la organización no gubernamental Las Manos Que Ayudan de Corazón, Jorge Garboza Amand, interpuso una carta notarial formal contra el programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión, tras la emisión del reportaje «El Fortín de Nicanor Boluarte» el pasado 23 de marzo.
En el documento, fechado el 25 de marzo de 2025 y dirigido a la directora del programa Roxana Cueva, Garboza denuncia que las imágenes utilizadas en el reportaje fueron obtenidas mediante un reglaje ilegal a sus instalaciones.
«Como representante legal de esta organización debidamente inscrita en los Registros Públicos y en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, manifiesto mi más enérgico rechazo a estas prácticas que violan mi derecho fundamental a la privacidad», señala el documento.
Garboza enfatiza que ni él como persona natural ni la organización que representa tienen vínculo alguno con cargos públicos o financiamiento estatal.
Detalles del presunto operativo irregular
Una investigación del periodista Luis Ángel Villanueva reveló información crucial sobre el origen del material audiovisual utilizado en el polémico reportaje.
Según Villanueva, agentes de Contrainteligencia de la Digimin y la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) le habrían revelado que entre los primeros días de enero y el 18 de marzo de 2025 se habría realizado un extenso operativo de vigilancia contra las instalaciones de la ONG.
Este operativo habría sido ejecutado por un equipo conformado por Harvey Colchado, quien fuera jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional, junto con siete exagentes de esta misma división que actualmente se encuentran retirados de la institución.
Los agentes en actividad habrían proporcionado logística y respaldo institucional a los exagentes retirados para el desarrollo del operativo.
Vínculos con el reportaje periodístico
El material obtenido durante estos tres meses de vigilancia coincidiría punto por punto con las imágenes difundidas en el reportaje de Cuarto Poder.
Particularmente llamativo resulta el hecho de que las tomas aéreas y los ángulos de seguimiento utilizados en el programa corresponderían a técnicas propias de operativos policiales de inteligencia, más que de trabajos periodísticos convencionales.
«Resulta evidente que ningún equipo periodístico independiente podría mantener un dispositivo de vigilancia de esta magnitud y durante tanto tiempo sin contar con apoyo institucional», señaló una fuente consultada dentro del Ministerio del Interior que pidió reserva de su identidad.
Contexto y reacciones institucionales
Este caso se produce en un contexto particularmente sensible, luego de que la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunciara públicamente el mes pasado la existencia de un patrón de vigilancia irregular contra magistrados del Poder Judicial por parte de agentes policiales en retiro.
El Ministerio del Interior ha iniciado una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades funcionales de Harvey Colchado en este caso. Paralelamente, la Fiscalía evalúa abrir una investigación penal por los delitos contra la intimidad y posible usurpación de funciones.
Mientras tanto, América Televisión y el programa Cuarto Poder mantienen silencio sobre el origen de su material periodístico, limitándose a señalar que «cumplieron con todos los protocolos éticos del periodismo de investigación».
El representante de la ONG ha anunciado que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público en los próximos días.
Implicancias y proyecciones
Este caso plantea serias interrogantes sobre los límites del periodismo de investigación y la posible instrumentalización de medios de comunicación para fines distintos al interés público. Expertos consultados coinciden en que, de comprobarse la participación de agentes estatales en actividades de vigilancia sin autorización judicial, estaríamos ante un grave caso de abuso de poder.Organizaciones de derechos humanos han anunciado que seguirán de cerca el desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente importante sobre el uso de técnicas de inteligencia contra ciudadanos particulares y organizaciones de la sociedad civil.
