Por Armando Martín Barrantes Martínez, Máster en Derecho Electoral, Parlamentario y Técnica Legislativa UCLM.
El panorama electoral en el Perú enfrenta una encrucijada crucial de cara a las elecciones generales de 2026. Con un plazo límite hasta el 12 de abril de 2025, el Congreso debe aprobar las últimas reformas que definirán las reglas del proceso electoral. Entre los principales problemas que buscan resolverse están la confusión de la cédula de sufragio y su resguardado después de la votación.
Uno de los cambios urgentes es la necesidad de simplificar la cédula de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha comunicado que en 2026 se utilizarán dos cédulas de sufragios y dos ánforas, porque interpretan que así se lo exige la ley vigente, lo que podría generar confusión en los electores. Para reducir la complejidad del proceso, se propone eliminar la innecesaria elección de representantes del Parlamento Andino, lo que disminuiría una columna en la cédula. También se busca optimizar el conteo de votos modificando la Ley de Elecciones Generales, permitiendo que los votos emitidos para senadores elegidos por distrito electoral único nacional sirvan para contabilizar los votos de los senadores elegidos mediante distritos electorales múltiples, eliminando así otra columna. Los partidos presentarían sus candidatos a senadores elegidos mediante distritos electorales múltiples por la modalidad de paridad horizontal y, por tanto, se eliminaría ahí el tema del voto preferencial. Asimismo, se propone reformar la Ley Orgánica de Elecciones para que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vote no solo por el Presidente de la República y los senadores, sino también por los diputados, sin importar su lugar de residencia. Con ello, se unificaría la votación en una sola cédula para las elecciones generales. A pesar de su forma de elección, los senadores y diputados son miembros del Congreso de la República y representan a la nación, no a una región en particular.
Por último, es necesario que el Congreso precise para qué servirán la conservación y el resguardo de las cédulas de sufragio durante 90 días, ya que, tal como está redactada la ley, su uso es ambiguo. Actualmente, cualquiera de los 42 partidos que no pase la valla electoral podría solicitar un recuento de votos por cualquier motivo. Para solucionar este problema, la ONPE presentará, a través del JNE, una propuesta que establezca que el recuento solo se realice en los siguientes casos: si se detecta un error aritmético en el acta, si el acta presenta un dato ilegible que impida su cómputo o si no hubiera acta y el recuento permitiera reconstruirla.
Si estas reformas se aprueban dentro del plazo establecido, las elecciones generales de 2026 podrían llevarse a cabo con reglas más claras, evitando riesgos innecesarios y fortaleciendo la legitimidad del proceso democrático.
