CORONEL PNP (R) inventó ser comando Chavín de Huántar para ascenso irregular en la Policía Nacional.
En solo cuatro años pasó del grado de comandante a coronel, un proceso inusualmente rápido gracias a la figura de falsas “acciones distinguidas”.
El expectorado coronel PNP (r) Harvey Colchado ha sido presentado en diversos espacios —caviares y vizcarristas— como un héroe de la lucha contra la corrupción
en el Perú, pero su historial profesional y las irregularidades en su ascenso policial muestran una trayectoria llena de cuestionamientos.
A pesar de su imagen mediática, promovida por medios afines a la izquierda, su verdadera participación en el operativo Chavín de Huántar, sus vínculos con el exmagistrado Pablo Talavera y su rápido —cuestionado— ascenso dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) plantean serias dudas sobre su trayectoria.
Uno de los mitos más difundidos sobre Colchado es su supuesta participación como comando en la histórica operación Chavín de Huántar, que en 1997 rescató a 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima.
Sin embargo, documentos y testimonios revelan que Colchado no fue parte del equipo de élite que ingresó a la residencia, sino que se desempeñó como interceptador de comunicaciones, una tarea fundamental, pero muy distinta a la arriesgada labor de los comandos que enfrentaron al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Su ascenso dentro de la PNP también ha estado marcado por irregularidades. En solo cuatro años pasó del grado de comandante a coronel, un proceso inusualmente rápido que se concretó gracias a la figura de “acciones distinguidas”, un mecanismo que le permitió evitar el proceso regular de ascensos.
Su promoción al grado de comandante ocurrió el 22 de marzo de 2012, mientras que su ascenso a coronel fue el 22 de marzo de 2016, ambos sin seguir el procedimiento común de evaluación de méritos dentro de la institución.
Además, Colchado registra un historial de sanciones disciplinarias dentro de la PNP. Su primera sanción data de 2001, cuando fue responsabilizado por la pérdida de un atestado policial clave en una investigación de tráfico ilícito de drogas. A lo largo de su carrera ha acumulado un total de 17 sanciones, lo que contradice la imagen de oficial intachable que
ha tratado de proyectar.
Un falso valor. Otro episodio cuestionable en su historial es su relación con el exjuez y ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, quien fue padrino de su matrimonio con la fiscal Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos. Durante la gestión de Talavera en el Poder Judicial, su esposa ocupó diversos cargos en la institución, lo que ha levantado sospechas sobre un posible tráfico de influencias en su carrera. Asimismo, su desempeño en la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) ha estado rodeado de controversias. Bajo su mando, esta unidad policial recibió recursos especiales y una asignación de 783 efectivos, además de vehículos y presupuesto adicional. Sin embargo, también ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo discrecional de información y denuncias de encubrimiento.
Uno de los aspectos más graves señalados en su contra es que su madre alquila un inmueble de su propiedad para el funcionamiento de una sede de la Policía en Comas. Esta relación contractual, que representa un evidente conflicto de interés, plantea interrogantes sobre el manejo de fondos públicos y la transparencia en la administración de los recursos de la institución.
A pesar de las numerosas denuncias en su contra, Colchado ha logrado evadir sanciones mayores. Actualmente enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por delitos como negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y falsedad ideológica, algunas de ellas archivadas, pero otras aún en curso.
La figura de Harvey Colchado, construida en gran medida a través de los medios de comunicación, se desmorona ante las pruebas de su historial irregular. No fue un comando en Chavín de Huántar, su ascenso en la PNP fue inusualmente rápido y cuestionable, y sus vínculos con el Poder Judicial y contratos familiares ponen en duda su integridad. Lejos de ser un ícono de la lucha contra la corrupción, su trayectoria merece un examen más riguroso y una rendición de cuentas real ante la justicia.
