JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA deberá resolver pedido del representante del
¿ Ejecutivo.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntas infracciones muy graves en el ejercicio de sus funciones.
Esta acción se origina tras la solicitud de la Fiscalía para acceder a la cuenta iCloud del ministro, en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad.
La controversia surgió cuando Santiváñez entregó su teléfono celular a las autoridades sin establecer contraseñas ni patrones de bloqueo. Sin embargo, la Fiscalía solicitó posteriormente la clave de su cuenta iCloud, lo que, según la defensa del ministro, podría vulnerar su privacidad y exponer información personal, incluyendo datos de sus hijos menores de edad.
En respuesta a esta solicitud, el ministro expresó su rechazo categórico, calificándola de ilegal. Argumentó que proporcionar acceso a su iCloud permitiría a la Fiscalía acceder a información sensible, como cuentas bancarias y fotografías personales.
“No toleraré ninguna vulneración de mis derechos”, afirmó Santiváñez.
La denuncia presentada ante la JNJ sostiene que la información solicitada por la Fiscalía solo puede ser requerida por el Poder Judicial y que, a pesar de ser
El paro de transportistas convocado en Lima y Callao no logró el impacto esperado, evidenciando una escasa adhesión por parte de los conductores y empresas de transporte público. Desde las primeras horas de la mañana, las principales vías de la capital presentaron un flujo vehicular habitual, diligencias reservadas por ley, estas fueron difundidas en las cuentas oficiales de la Fiscalía. Además, se argumenta que la solicitud de la clave de iCloud vulneraría el derecho a la intimidad del ministro, al exponer información sensible.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, emitió un comunicado señalando que el ministro fue notificado de que la información solicitada no vulneraría sus derechos fundamentales ni la seguridad nacional. “El investigado tiene pleno conocimiento de que la información que se obtendrá no vulnera sus derechos fundamentales, ya que el periodo en el que ocurrieron los hechos está identificado y no se pretende acceder a información personal”, subraya el comunicado.
La investigación contra Santiváñez se centra en presuntas acciones de abuso de autoridad, incluyendo la supuesta orden de seguimiento al periodista Marco Sifuentes y posibles represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culebra’. En noviembre de 2024, el ministro había autorizado voluntariamente el levantamiento de su secreto de comunicaciones y se comprometió a entregar su celular para corroborar las conversaciones sostenidas con el capitán Izquierdo.
Sin embargo, la entrega del dispositivo formateado y la negativa a proporcionar la clave de iCloud han generado críticas. José Carlos Mejía, abogado de Junior Izquierdo, calificó la actitud del ministro como una burla a la justicia y a la Fiscalía.
“Si la fiscal quiere saber de mi vida, mejor que me cite y me pregunte, pero nunca a través de una solicitud de usuario y contraseña de iCloud”, respondió Santiváñez desde Arequipa. La denuncia también subraya que las diligencias realizadas por la Fiscalía fueron difundidas en sus cuentas oficiales de redes sociales, lo que viola la reserva legal de estos procedimientos. Se incluyó en su denuncia una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la intimidad, que refuerza la ilegalidad de la divulgación de información reservada.
El enfrentamiento entre el ministro del Interior y la Fiscalía de la Nación ha generado un intenso debate sobre los límites de la privacidad y las facultades de las autoridades en el marco de investigaciones oficiales. Mientras Santiváñez defiende su derecho a la intimidad, la Fiscalía sostiene que sus acciones se enmarcan dentro de la legalidad y son necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La Junta Nacional de Justicia deberá ahora evaluar la denuncia presentada contra la fiscal de la Nación y determinar si procede iniciar una investigación al respecto.
Este caso pone de relieve las tensiones entre diferentes poderes del Estado y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la protección de los derechos individuales y las necesidades de la justicia en el Perú.
