FAVORECE A LA CLÍNICA DE SU GERENTE GENERAL CON ENTREGA DE MILLONARIAS CARTAS DE GARANTÍA
Ministerio del Interior y directorio deben responder por presunto conflicto de interés.
En medio de cuestionamientos sobre su gestión, el gerente general de Saludpol, José Antonio Proaño Bernaola, ha sido señalado por presuntamente alejarse de sus funciones para atender en su consultorio privado ubicado en la Clínica Angloamericana; práctica que ha generado dudas sobre su compromiso con las responsabilidades al frente de una entidad
que administra los recursos destinados a la salud de miles de policías y sus familias.
Saludpol, conocida oficialmente como el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, es una institución adscrita al Ministerio del Interior, encargada de garantizar la atención médica y el bienestar de los efectivos policiales y sus dependientes. Su labor es esencial para el sistema de salud pública, pues administra los recursos financieros destinados a cubrir los servicios de salud de uno de los sectores más vulnerables y exigidos de la sociedad peruana.
Sin embargo, la emisión de una carta de garantía (n.° 1401-202406892 – IN/ SALUDPOL/GG/GCS) por más de doscientos mil soles a la Clínica Angloamericana, donde el gerente general tiene su consultorio privado, ha encendido alarmas sobre un posible conflicto de interés. Este hecho ha suscitado preguntas legítimas: ¿se benefició personalmente al favorecer una institución con la que mantiene vínculos profesionales? ¿Cómo se aseguran la transparencia y la equidad en decisiones de este calibre?
Es execrable que mientras los recursos públicos destinados a la atención médica en diversas regiones del país, tanto en el Ministerio de Salud como el Seguro Social de Salud, enfrentan limitaciones, la transferencia de sumas millonarias a una clínica privada de alta gama genera críticas. La situación es particularmente grave si se considera que muchos asegurados de Saludpol no cuentan con acceso oportuno a servicios esenciales en hospitales públicos o en las redes de clínicas asociadas al sistema, como constantemente se ha denunciado en los últimos años en diversos medios de comunicación.
Las implicancias éticas de esta conducta no son menores. Un gerente general de una institución pública debe demostrar un compromiso irrestricto con la integridad y evitar incluso la apariencia de un conflicto de interés.
En este caso, el doble rol del funcionario —como autoridad pública y como médico privado— plantea serias dudas sobre su imparcialidad. Finalmente, esta situación plantea también una pregunta central: ¿puede un funcionario de alto rango en una entidad pública cumplir plenamente con sus funciones mientras atiende un negocio privado paralelo? Más aún, ¿cómo garantizar que decisiones tan sensibles como la emisión de cartas de garantía no estén motivadas por intereses personales? El caso exige una pronta respuesta de las autoridades competentes del Ministerio del Interior y de su directorio, presidido por Fernando Cerna Iparraguirre, e integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud. No solo para esclarecer los hechos denunciados, sino para proteger los principios de transparencia y ética que deben regir el servicio público.
