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Fiscalía politizada rechaza iniciativas legislativas que debilitan el poder político de la gran burguesía financiera

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Junta de Fiscales supremos, provinciales y superiores se
pronunciaron contra proyectos de ley del Congreso.
Fiscalía en el colmo de la frescura convoca a la ciudadanía a defender la institucionalidad democrática de su bando.
Congreso respondió rechazando totalmente el comunicado de los fiscales y los sindicaron de politizados. 

FISCALES SUPREMOS,provinciales y superiores se mostraron en contra de los proyectos de ley que buscan eliminar la caviar JNJ, crear la Escuela Nacional de la Magistratura y permitir que Policía Nacional investigue delitos, y, contraviniendo la división de poderes, le exigen al Congreso dar marcha atrás

Una capítulo más la lucha de clases en el Perú se cierne ante nosotros, la continuación de la pugna al interior de la gran burguesía peruana se revela en esta pelea entre el Ministerio Público y el Congreso de la República, representantes y defensores de los intereses de la gran burguesía, financiera y burocrática, respectivamente.
Este jueves, durante estas maratónicas sesiones del Pleno del Congreso antes del fin de la presente legislatura, el Ministerio Público, mediante un comunicado, rechazó tres proyectos de ley que el Congreso ha presentado, puesto que –señalaron– buscan afectar dicha institución y la Junta Nacional de
Justicia (JNJ).
La Fiscalía arguyó en su comunicado por qué y cómo las iniciativas legislativas afectarían a las entidades mencionadas. Tal escrito está firmado por la Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público.
FISCALES EN CONTRA
El proyecto de ley al que más se oponen los fiscales, quienes en más de una ocasión no han defendido los intereses de las grandes mayorías sino de unos cuantos ricos, es el PL 8040/2023-CR, el cual fue presentado el 4 de junio de 2024, que busca reorganizar la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de nombrar a jueces y fiscales. Ambas instituciones están altamente desprestigiadas ante el pueblo, pues se percibe que responden a los intereses de los poderosos.
Los fiscales también se opusieron al predictamen recaído en distintos proyectos de ley, que pretende crear la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual reemplazaría a la caviar JNJ, y pondría un parche a la captura del aparato estatal de parte de alguna facción de clase. Pero el MP rechaza que se cree la Escuela Nacional de la Magistratura porque, según los fiscales, de esta forma los políticos podrán seleccionar a magistrados. El tercer proyecto de ley que no es de gusto de la Fiscalía se encuentra en el predictamen que propone cambiar el Código Procesal Penal para que la Policía Na- cional del Perú investigue delitos como lo era
antes. Dicha iniciativa legislativa busca evitar la corrupción que actualmente vive el Ministerio Público.
Según la Fiscalía estos proyectos de ley estarían violan-
do la autonomía e independencia del Ministerio Público,
pues impedirían que cumplan con las funciones que la Constitución les asigna.
FISCALES ¿GOLPISTAS?
Siguiendo ese desbordamiento de sus funciones, los fiscales exigieron que los congresistas respeten la Carta Magna y, para colmo de la frescura, la separación de los poderes del Estado.
También se dieron el lujo los fiscales de convocar a la ciudadanía para que defiendan esta “democracia” que no representa al pueblo, que más bien le ha costado 70 muertos, pues para el MP la institucionalidad democrática (liberal capitalista burguesa) quedaría vulnerada si se aprueban los proyectos de ley mencionados.
¿Por qué el pueblo tendría que apoyar a una Fiscalía que no representa ni defiende al pueblo contra las bandas criminales que asolan las calles? ¿Por qué el pueblo tendría que defender a instituciones de una democracia liberal que no los ayuda en nada? ¿Por qué el pueblo defendería los intereses de la gran burguesía?
No solo le exigieron al Congreso dar marcha atrás en sus propias atribuciones constitucionales, sino que exhortaron al Poder Ejecutivo que conduce Dina, a la que acusan constitucionalmente, “a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación”, esto es, una advertencia para que la mandataria observe las iniciativas de los congresistas, interfiriendo así no en uno sino en dos poderes del Estado.
Culminaron el comunicado indicando que seguirán vigilando los proyectos de ley que puedan afectar la democracia (burguesa que responde a los intereses de las clases adineradas).