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Fiscalía de Chile aprueba ampliar extradición contra Alberto Fujimori por venta ilegal de armas

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La Corte Suprema de Chile aprobó un pedido para ampliar los delitos por los que se extraditó a Perú al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007, informó este jueves la Procuraduría General del Estado peruano.

La decisión se tomó el pasado 19 de enero en ocho causas solicitadas por la Justicia peruana por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros.

“La Corte Suprema de Chile, mediante documento N.º 319 del Exp. 17850-2021, del 19 de enero del 2024, dictaminó favorablemente en las ocho causas solicitadas por la justicia peruana, para la extradición del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori. Al haberse cumplido los requisitos exigidos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, y en lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República del Perú, la Corte Suprema del vecino país propone que se conceda la ampliación de extradición por su responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros”, se lee en el comunicado.

Aunque la Procuraduría no detalló los casos que implican la comisión de esos delitos, señaló que su pedido se aceptó al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre ambos países.

Añadió que el 15 de septiembre de 2023 se amplió la competencia del procurador Javier Pacheco para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante las autoridades y sedes jurisdiccionales de Chile en los procesos de ampliación de extradición activa de Fujimori.

“Nuestra institución reafirma su compromiso en la defensa jurídica del Estado en toda instancia en la que sea competente”, concluyó.

Cabe resaltar que esta solicitud se realiza debido a que en el año 1999, el expresidente del Perú habría vendido, desde Lima, un total de 10.000 fusiles jordanos a favor de la guerrilla de las FARC. En mayo del 2008, el fiscal Jorge Chávez Cotrina denunció a Fujimori por los delitos de violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir por este hecho.

Vladimiro Montesinos también estuvo implicado
El exasesor de Alberto Fujimori fue sentenciado a 20 años de cárcel por este delito tras confirmarse que habría coordinado con los hermanos Luis Frank y José Luis Aybar Cancho la compra del citado armamento, que fue arrojado desde un avión que sobrevoló las zonas de los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés.

Medios locales señalan que entre los casos por los que aún se busca procesar a Fujimori figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, en 1992, y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.

Además, las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno y el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

La Corte Suprema de Chile ya amplió en junio de 2017 la extradición de Fujimori para que se investigue en Perú por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el llamado caso Pativilca, también cometido por el grupo Colina en 1992.

Fujimori, procesado por este caso, salió en libertad en diciembre del año pasado luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyó los alcances del indulto humanitario que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kucyznski.

El exgobernante, de 85 años, en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.

También se condenó, por diversos delitos de corrupción, en otros cuatro casos, con penas que variaron entre 6 y 8 años de cárcel, que ya cumplió.

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