Excesos de Caja Chica del Ministerio de Vivienda en banquetes de chifa, comida criolla, postres y suplementos alimenticios

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que encabeza la economista Hania Pérez de Cuéllar, adquirió almuerzos, postres y hasta suplementos alimenticios con dinero de la caja chica de esa entidad, según reveló “Punto final”.

Según un reportaje, entre enero y abril de este año el despacho ministerial de Pérez de Cuéllar gastó un aproximado de 1288.80 soles en total en 7 almuerzos para llevar del restaurante Chifa Palacio, ubicado en la cuadra 5 de Canaval y Moreyra.
En diciembre de 2021 dicho portafolio emitió una resolución directoral que delimita el uso de su caja chica. Su finalidad es asegurar, atender y agilizar el pago de gastos menudos y urgentes que demandan su cancelación inmediata, o de aquellos repentinos que no han sido debidamente programados.

La ministra optimista, Hania Pérez, que tras la renuncia de Ana Cecilia Gervasi, señaló que el Gabinete continúa en marcha y trabajando en prevención ante El Niño, la reactivación económica y la seguridad ciudadana.“No sentimos una sensación de crisis; por el contrario, el Gabinete sigue en marcha. Ayer hubo Consejo de Ministros, hemos emprendido reformas estructurales de fondo y en esa línea seguimos trabajando”, manifestó.

Encabeza el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sigue en el centro de los cuestionamientos por el incorrecto manejo de los recursos públicos. Hace aproximadamente un mes, el programa Punto Final reveló que la cartera dirigida por Hania Pérez de Cuéllar usaría la caja chica ―la cual tiene como objetivo atender solo gastos urgentes no programados― para comprar comida en chifas, restaurantes criollos, postres y suplementos alimenticios.
Sin embargo, esta no sería la única irregularidad sobre este asunto en la cartera de Vivienda. Infobae Perú accedió a un informe de orientación de oficio de la Contraloría general de la República, emitido el 30 de octubre pasado, donde se informa de más hechos que hallaron sobre la utilización de la caja chica y que deberían ser seriamente investigados por las autoridades pertinentes a fin de establecer las responsabilidades administrativas.

La entidad fiscalizadora verificó que se había desaparecido dinero de la caja chica del sector cuyo valor está situado en S/80 000. En concreto, no se halló la suma de S/ 1 004,95 cuando se realizó la revisión de cuentas. Se menciona que Carla Olcese Carrera, la encargada de resguardar los fondos en el Ministerio de Vivienda, no sustento el faltante de efectivo. Por el contrario, la funcionaria suscribió y dio conformidad al acta que se levantó.

En el documento se detalla también que los representantes de la Contraloría descubrieron la existencia de ocho vales por concepto de adelanto de viáticos ―cuyo importe era S/ 8 950,00―que no estaban programados y se habían otorgado fuera del plazo de 48 horas establecido.
Además, se entregó dos vales que excedía el límite del monto máximo que es S/ 990. Los beneficiados fueron José Vásquez Acevedo y Francisco La Torre Nuñez. Al primero le dieron S/ 1 400, mientras que el segundo recibió S/ 3 600.
“No se evidenció la autorización de vale provisional, con las firmas correspondientes que autoricen los adelantos de viáticos y documentación sustentatoria que brinde las razones justificadas respecto a los pagos por montos mayores a los señalados en la directiva”, se lee en el reporte.

Mal registro y planillas inconsistentes
De otro lado, el informe del órgano de control anota que en el Ministerio de Vivienda no habrían registrado de una manera adecuada los adelantos de viáticos no programados ―que salieron de la caja chica― a través de la Oficina de Tesorería. Esto podría provocar que se falte al cumplimiento de los plazos de rendición de fondos y se tendría un riesgo para la transparencia, manejo y correcto uso.
Finalmente, la Contraloría encontró una serie de inconsistencias en las planillas de movilidad de nueve funcionarios del sector porque están “registrados por días en distintas fechas del servicio brindado por un tercero (taxi), lo cual conlleva a un riesgo constante para el cumplimiento de plazos del recurso otorgado y rendido, cuya modalidad distorsionan el uso de la caja chica cuyos fondos en efectivo son para gastos menudos y urgentes de cancelación rápida”.
En la conclusión se recomienda que el documento se remita a la ministra Pérez de Cuéllar para que tome las acciones correspondientes con el fin de salvaguardar los recursos de su sector.

El director del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, dijo a este medio que estos reveladores detalles de la caja chica en la cartera de Vivienda confirman el mal manejo y el desprecio que tienen algunos funcionarios al recurso humano.
“Lo importante es que se inicie una investigación, pero esto se da todos los días. Lo que se requiere saber es cómo terminará y si habrá una sanción ejemplar”, anotó.

El experto consideró que no importa el monto de los gastos que se hacen, sino que hay una cuestión de principios para que haya un precedente de que una caja chica no se convierta en una caja negra.

“La caja chica representa un recurso de dinero para gastos menores como pasajes, viáticos, algunas contrataciones urgentes, pero no implica que sea una cuenta abierta y no rendición de cuentas. Es un gasto urgente e inesperado”, finalizó.

Silencio
Hay que recordar que cuando se reveló las primeras irregularidades en el manejo de la caja chica, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, evitó pronunciarse en público. Su gestión solo se limitó a aprobar una directiva, donde se establece mecanismos para limitar el uso de los recursos públicos por parte de los servidores.

“Solo se considerará como gastos atendibles con cargo al fondo el consumo de alimentos (refrigerios) para reuniones de trabajo y/o labores por necesidad de servicio”, dice el documento para evitar más gastos excesivos en chifas, restaurantes criollos, postres y suplementos alimenticios.

De otro lado, en el Congreso de la República se tenía la intención de llevar a Pérez de Cuéllar para que rinda cuentas ante la Comisión de Fiscalización, cuya presidencia está en manos de Wilson Quispe (Perú Libre). Sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto sobre requerir la presencia de la miembro del gabinete liderado por el premier Alberto Otárola.