La Comisión Permanente del Congreso de Perú archivó este miércoles una denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros por las decenas de muertes que se produjeron en las protestas gubernamentales que se desarrollaron en el país andino entre diciembre y marzo pasado.
La decisión fue tomada tras recibir un pronunciamiento previo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que el pasado 5 de mayo había declarado improcedente la denuncia «por presuntas infracciones constitucionales», según informó el Congreso.Ante la decisión de la Comisión Permanente, la legisladora Sigrid Bazán pidió una reconsideración a la votación; sin embargo, dicha instancia no admite reconsideraciones.
La Comisión Permanente del Congreso de la República envió al archivo la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, y exministros de su gestión por su responsabilidad respecto de los muertos y heridos producto de la represión policial en el marco de las protestas contra el Gobierno y se registraron desde diciembre de 2022 hasta marzo del presente año.
Además de la mandataria, la denuncia incluía al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el exministro del Interior, César Cervantes, por el rol que desempeñaron dentro del Gobierno durante las protestas sociales.
Esta denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo, así como Roberto Sánchez, y ya había sido declarada improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 5 de mayo.
Entonces, el informe de calificación que propuso la improcedencia de la denuncia constitucional contra la presidenta y exministros fue aprobado con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
Informe de calificación sobre denuncia
De acuerdo con el informe de la Subcomisión, durante el periodo que es materia de la denuncia constitucional hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.
Asimismo, se recuerda que existe un marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.
También se señala que lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 está en proceso de investigación en el Congreso y Ministerio Público, por lo cual no se define aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.
