Gobierno impulsa el terruqueo masivo contra usuarios de redes sociales

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    El Ministerio del Interior decidió dar un nuevo impulso al terruqueo institucionalizado desde el Ejecutivo, y habilitó una casilla electrónica para que cualquier troll pueda “denunciar” a quien se le venga en gana por considerar que cometió el delito de “apología al terrorismo”.

    Siguiendo la lógica que han planteado distintos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en días pasados, el Ministerio del Interior (Mininter) dio un paso más en la campaña de estigmatización contra los opositores al gobierno, al habilitar un correo electrónico para denuncias sobre “apología del terrorismo” en redes sociales.

    A través de un comunicado, el Mininter recordó que, de acuerdo con una reciente modificación normativa, dicha figura se encuentra contemplada en el artículo 316-A del Código Penal y se sanciona con una pena privativa de la libertad de entre ocho y 15 años.

    Por ello, informaron que se ha habilitado un canal de atención para recibir las denuncias ciudadanas relacionadas con la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos, en el marco de su lucha frontal contra este delito.

    Así, por ejemplo, cualquier comentario que encaje en lo que la PNP ha señalado como “terrorismo” podría ser denunciado ante el Mininter, y el autor pasaría a formar parte de la base de datos si no de los procesados por este delito, por lo menos de los “sospechosos”. 

    Una no tan sofisticada forma de continuar amedrentando a los opositores al régimen cada vez más debilitado de Dina Boluarte.

    Cabe recordar que de acuerdo a los generales de la PNP, se ha considerado como elementos de investigación en casos de terrorismo el pedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y evidenciar las desigualdades sociales y económicas que existen en el Perú.

    ESTADO POLICIAL

    Ante la noticia, la ex ministra de la Mujer, Anahí Durand, recordó que mientras “el sicariato avanza en San Miguel y las calles de Lima, las víctimas del desastre en Arequipa son atendidos con negligencia y el Ministerio del Interior prioriza promover el terruqueo”. “El gobierno nuevamente demuestra incompetencia e irresponsabilidad”, escribió en redes sociales.

    “Perú está operando bajo la lógica de un Estado policial: la PNP y el Gobierno deciden arbitrariamente quién es terrorista y quién no. Y han abierto una puerta peligrosa al buscar que una parte de la sociedad civil actúe contra otros ciudadanos de manera violenta o denunciándolos”, consideró el historiador José Ragas.

    La analista Laura Arroyo advirtió que “la situación es crítica, pero además sigue escalando. Todos somos sospechosos porque así lo quiere Boluarte”. “El terruqueo como consigna. El terruqueo como política de estado. El terruqueo como vía de sostener lo insostenible: la dictadura”, escribió en Twitter.

    En tanto, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtieron que la normativa sobre apología al terrorismo actual afecta la libertad de expresión y viola los estándares internacionales. “Estos exigen que, para calificar como tal, debe  existir intención de generar violencia y riesgo real de que se produzca esta”, expresó la organización.. 

    “TERRORISMO” SIN MUERTES

    Semanas atrás, la abogada de la CNDDHH, Már Pérez, ya había advertido a Diario UNO respecto a los abusos de la PNP al adjudicar indebidamente presuntos delitos de terrorismo en situaciones donde no existen los elementos para realizar tal imputación. 

    En esa línea, Pérez recordó que en el año 2010 el relator de la ONU sobre DDHH y terrorimo, Martín Scheinin, demandó al Perú acomodar su legislación a los estándares internacionales, ya que la actual regulación tiene un carácter abierto que hace que pueda aplicarse más allá de lo que es admisible conforme al derecho internacional.

    “De acuerdo a los estándares internacionales el delito de terrorismo necesariamente tiene que ver con atentados contra la vida. No hay delitos de terrorismo si no hay atentados contra la vida”, dijo.

    En relación a los integrantes detenidos del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), manifestó que “las actividades supuestamente terroristas que se les atribuye a los integrantes del FREDEPA son realizar conversatorios, organizar marchas, recaudar dinero para apoyar heridos o para organizar logística en las movilizaciones; es decir, las acciones solidarias son tipificadas como terrorismo”.