El presidente de Direcagro, Pablo Leguizamón, ha anunciado que su empresa presentará una demanda por «supuestos daños y perjuicios» contra el Estado después de que Agro Rural cancelara su orden de compra de urea en diciembre.
Leguizamón ha señalado que Agro Rural se negó a pagar por concepto de resarcimiento económico y que la empresa solo debería alrededor de US$ 510,400 por la garantía. Esto ha llevado a la posibilidad de una denuncia penal contra los funcionarios de Agro Rural y un arbitraje internacional para determinar la cantidad de los daños y perjuicios.
Según Leguizamón, Agro Rural parecía haber condicionado la firma de un acuerdo a la renuncia a reclamar daños y perjuicios, pero la decisión ya ha sido tomada y el monto a demandar superará los US$ 9 millones.
Después de la etapa de trato directo, se iniciará un arbitraje y se presentará el expediente ante la Cámara de Comercio. El abogado de Direcargo se encargará de todas las diligencias necesarias.
Esta empresa ganó la buena pro para proveer de urea después de que los tres primeros postores fueran descalificados por no garantizar la calidad del fertilizante.
