Presidenta Boluarte será indefectiblemente responsabilizada por los muertos de la protesta social

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    La presidenta Dina Boluarte debió haber renunciado al cargo, en la primera ocasión que lo intentó hacer, una vez conocidas las tres primeras muertes por impacto de bala, de ciudadanos movilizados en la protesta social contra su gobierno, si es quería evitar su responsabilidad por estos asesinatos.

    La razón de ello estriba en que al no haberlo hecho y, más  bien, continuar el trasiego de peruanos abatidos por las armas de la Policía y Ejército, tanto su persona, como la de los integrantes de su gabinete ministerial que no dimitieron de sus puestos, podrían ser pasibles de procesos penales por delito de homicidio calificado por omisión.

    Así  lo consideraron abogados especializados en derecho penal, toda vez que la gestión de Boluarte no estaría actuando en respeto irrestricto a los derechos humanos.

    En consecuencia, el gobierno de Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, tendrán que responder —ante los fueros judiciales correspondientes— por la sesentena de muertes que ha causado la represión policial, a la fecha. Incluso, se estima que la mandataria podría arriesgarse a recibir condenas de hasta 20 años de prisión.

    Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión advirtió que no existe Estado de derecho en el mundo que permita estas decenas de fallecidos, como producto de una convulsión social y política

    Por ello, es muy posible la certidumbre de que presidenta  Boluarte, haya pretendido dimitir a su cargo hasta en oportunidades, una vez conocidas las las primeras muertes que se registraron, durante las protestas de diciembre de 2022.

    Según fuentes cercanas a su entorno cercano, la intención inicial de jefa de Estado, habría sido impedida por el presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. Éste último la habría convencido de que no renunciase a la presidencia, al advertirle que si lo hacía, ambos serían procesados.

    Ante esta situación, las mismas fuentes refieren que Otárola la tranquilizó, prometiéndole que  contaría con el respaldo de las bancadas parlamentarias de derecha, y de las Fuerzas Armadas.