Ahora dice que como ministro de Defensa no estaba al tanto de los planes operativos. El exministro Gino Costa advirtió una actitud cícina en el hoy premier.
Tremenda lavada de manos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, evadió sus responsabilidades sobre las muertes en protestas cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa. Ante el Ministerio Público, argumentó que no brindó ninguna instrucción y no tenía conocimiento sobre el plan operativo que iban a utilizar los militares.
En el caso específico, Otárola señaló que no brindó ninguna instrucción en la parte operativa, ya que no corresponde a las funciones del ministro de Defensa. Sus declaraciones fueron registradas en la carpeta fiscal n.º277-2022 y reveladas por el programa Al estilo Juliana.
En el documento fiscal, Otárola también negó tener conocimiento sobre el operativo de las Fuerzas Armadas para contrarrestar las movilizaciones en diferentes regiones; dijo que no se había informado sobre los planes de operaciones y que solo se le informaban los resultados de las acciones de las FF.AA en apoyo a la Policía Nacional, pero no sobre los planes operativos.
Pese a liderar el sector en ese momento, afirmó que como ministro no tenía competencia táctica, operativa ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas en las que intervino tanto la Policía como las Fuerzas Armadas. Asimismo, remarcó que la función esencial del ministro de Defensa es dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política de seguridad y defensa nacional, pero en materia exclusivamente operativa quien actúa es el Comando Conjunto de las FF.AA.
Sin embargo, para el excongresista Gino Costa, lo dicho por el actual premier es una “lavada de manos” y una evidente actitud cínica. Recordó que Otárola ha sido portavoz de este gobierno a lo largo de toda la protesta y “que hoy día venga a sostener que desconocía lo que ocurría, que él no estaba informado, da cuenta de una actitud bastante cínica”.
Costa agregó que la responsabilidad de supervisar y gestionar el despliegue de la fuerza pública en una situación como esta recae en las autoridades políticas, no en la Policía Nacional ni en las FF.AA.
De otro lado, el portal Epicentro TV advirtió que en los próximos días el juez Juan Carlos Checkley resolverá el pedido de la Procuraduría General del Estado para que se declare nula la ampliación de la declaración que hizo el primer ministro el 17 de febrero en la investigación por genocidio.
